La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que la excongresista está en condición de aportar verdad que ayude a esclarecer cómo operó el fenómeno de la parapolítica en Córdoba, entre 2000 y 2007. Por ahora, Jattin seguirá en detención domiciliaria, como lo dispuso la Corte Suprema de Justicia.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, a través de la Resolución No.4112, aceptó el sometimiento de la excongresista Zulema Jattin Corrales, procesada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado y acusada de tener vínculos las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Al analizar su plan de aporte a la verdad, los magistrados concluyeron que la compareciente, que fue aceptada como agente de Estado no integrante de la fuerza pública, está en condición de aportar verdad que ayude a esclarecer cómo operó el fenómeno de la parapolítica en el Departamento de Córdoba, entre los años 2000 y 2007, “a partir del conocimiento de algunos de los pactos y acuerdos establecidos entre los comandantes de los bloques que operaron en la región y la clase política vigente para ese momento», según se advierte en la decisión judicial.
La información suministrada por Zulema Jattin en las audiencias a las que fue convocada por la JEP permitió identificar elementos de seriedad y concreción que contribuyen con los fines del Sistema Integral para la Paz.
La compareciente le aportó a la JEP información determinante para construir un contexto global del conflicto armado en el Departamento de Córdoba y las dinámicas que se generaron desde el plano político con la concertación entre los funcionarios la época y los grupos paramilitares de las AUC.
Aceptar su sometimiento ante la JEP es el primer beneficio que se le otorga a la compareciente, quien se postuló voluntariamente.
Sin embargo, la Sala no le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada que solicitó Jattin.
La concesión de este beneficio queda supeditada a los aportes mayores y genuinos de verdad, de reparación y de garantías de no repetición, que dignifiquen a las víctimas y les reconozcan sus derechos. Es decir, se mantiene la medida de detención domiciliaria con la que se encuentra cobijada en la actualidad la excongresista, quien fue Senadora y Representante a la Cámara.
