La repentina salida de Lena Estrada, la primera ministra indígena de Ambiente en Colombia, a tan solo seis meses de su nombramiento, plantea una serie de preguntas cruciales sobre la dirección del Gobierno de Gustavo Petro. Su breve paso por el Ministerio, marcado por el respaldo de las comunidades indígenas y una visión transformadora, evidencia una tensión profunda entre el discurso de inclusión y justicia social y la realidad de una administración caracterizada por la alta rotación ministerial y la inestabilidad.
El nombramiento de Estrada, politóloga del pueblo uitoto mekana con una destacada trayectoria, fue un acto simbólico poderoso. Representaba la apertura a voces históricamente marginadas y el reconocimiento de que los saberes ancestrales son fundamentales para enfrentar la crisis ambiental. Su enfoque, un “ambientalismo popular y territorial”, chocó con las estructuras de gobernanza tradicionales y con la incesante presión interna de un gabinete que parece incapaz de sostener proyectos a largo plazo. Su dimisión no es solo la pérdida de un cargo, sino el abandono de una narrativa que prometía una transformación estructural en la manera de concebir la política ambiental en Colombia.
La designación de Irene Vélez como su reemplazo interino, quien ya dirige la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), agrava estas preocupaciones. Este movimiento, si bien puede ser visto como un intento de consolidar la visión presidencial, genera serios interrogantes sobre posibles conflictos de interés y el riesgo de subordinar la protección ambiental a las decisiones de licenciamiento. En un momento en que el país enfrenta desafíos como la creciente deforestación, la transición energética y los compromisos climáticos internacionales, este doble rol de Vélez podría desdibujar la independencia y el liderazgo del Ministerio de Ambiente.
La renuncia de Estrada nos obliga a reflexionar sobre si la inclusión es solo un gesto simbólico o si es, en verdad, una estrategia para transformar el Estado. El apoyo “firme e irrestricto” del movimiento indígena a su gestión demuestra que había una apuesta por un cambio real. La interrupción de su mandato envía un mensaje desalentador: que las visiones alternativas y los liderazgos no convencionales tienen dificultades para sobrevivir en un entorno de inestabilidad política.
En un año clave para la diplomacia climática y con la mirada del mundo puesta en Colombia, la coherencia entre el discurso ambientalista y las decisiones administrativas del Gobierno de Petro se pone a prueba. El legado de Lena Estrada, por breve que haya sido, es un recordatorio de que la verdadera gobernabilidad ambiental requiere más que nombramientos. Exige estructuras institucionales que validen y promuevan la pluralidad de saberes y enfoques para que las políticas públicas no sean solo un eco de una voz, sino el resultado de un diálogo genuino y profundo con todos los territorios y sus pueblos.
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