La reciente “reapertura” del matadero municipal en Popayán ha sido presentada por la administración del alcalde Muñoz Bravo como un gran triunfo, un acto de reivindicación para los trabajadores y una victoria para la ciudad. Sin embargo, al despojar el discurso de su retórica sentimental y examinar los hechos fríamente, surge una realidad menos gloriosa y mucho más preocupante. Lo que se nos presenta como un logro parece ser, en realidad, el resultado de una improvisación forzada, un ‘plan B’ ante la caída de un negocio que, al parecer, no era para los payaneses.
La narrativa oficial de “recuperar Popayán” se desmorona ante los propios decretos que le dieron sustento a esta reapertura. Un análisis del Decreto que declaró la Urgencia Manifiesta revela una secuencia de eventos que apunta directamente a una falta de planeación y previsibilidad por parte del municipio. El camino recorrido no fue uno de voluntad política, sino de necesidad. El hecho de que el Grupo Alvesa de Colombia S.A.S. se echara atrás en el negocio dejó a la administración en una encrucijada, obligándola a buscar una solución de emergencia.
Aquí es donde los trabajadores y la ciudadanía se convierten en lo que podriamos resaltar acertadamente, “platos de segunda mesa”. No se les devolvió el negocio por un acto de justicia o cariño, sino porque se le cayó el contratista al alcalde. Si Alvesa hubiera concretado su acuerdo, los trabajadores seguirían laborando bajo el mando de otro operador privado, y la narrativa oficial del “gran logro” nunca habría existido.
El uso de la Urgencia Manifiesta, una figura legal que permite contratar sin los rituales de la contratación estatal, es el clímax de esta improvisación. La simultaneidad de las declaratorias de Emergencia Sanitaria y Urgencia Manifiesta en un mismo día genera suspicacias. ¿Fue realmente un hecho imprevisible o una crisis autoinflingida por la falta de previsión y planeación? Los propios documentos legales del municipio podrían convertirse en las pruebas que demuestren esta falla.
Este episodio deja preguntas abiertas que necesitan respuestas claras. ¿Por qué desistió el Grupo Alvesa? ¿Fue esta situación realmente imprevisible? ¿Por qué se esperó hasta el último minuto para tomar medidas, a pesar de tener conocimiento previo de la situación contractual? La administración municipal tiene la obligación de responder a estas preguntas, no solo con palabras, sino con transparencia y rendición de cuentas.
En última instancia, este evento es un reflejo de la necesidad de una gestión pública más estratégica y menos reactiva. Un verdadero logro no se construye sobre la base de la improvisación o la urgencia manifiesta, sino sobre la planeación rigurosa, la previsibilidad y, sobre todo, la honestidad con la ciudadanía. Porque la gente de Popayán merece ser el primer plato, no el de segunda mesa.
