El sistema de salud colombiano, esa compleja y vital red de atención, se encuentra una vez más en la cuerda floja, no por falta de recursos, sino por un flujo de pagos ineficiente y desordenado. La reciente exigencia del Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para que regularicen los giros a los prestadores de servicios, tanto públicos como privados, no es una simple sugerencia: es un grito de auxilio para evitar el colapso del sistema.
Es una realidad que las EPS, responsables de la administración de los recursos, han fallado en su tarea principal. El Superintendente ha sido claro: los pagos a los hospitales y clínicas deben ser regulares y oportunos, utilizando los recursos que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) les asigna. Este ciclo vicioso de retrasos no solo afecta la sostenibilidad financiera de los prestadores, sino que también pone en riesgo la calidad y la continuidad de la atención que reciben los pacientes, los verdaderos afectados.
El enfoque en el primer nivel de atención es un acierto estratégico que no podemos ignorar. Al destinar al menos el 30% de los recursos a la atención primaria en salud, se busca fortalecer la capacidad de los hospitales de baja complejidad para resolver la enfermedad general antes de que esta escale a niveles más complejos y costosos. Esto no solo mejora la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también alivia la presión sobre los hospitales de alta complejidad, permitiéndoles concentrarse en casos que realmente lo requieran. La contratación con la red pública debe ser la prioridad, complementando con la red privada solo cuando la oferta pública no sea suficiente.
La implementación de un plan de estabilización de pagos, comenzando por la Nueva EPS —la entidad con el mayor número de afiliados—, es un paso crucial. Este plan, que inicia con los hospitales de baja complejidad y luego se expande a los de mediana y alta complejidad, demuestra una aproximación metódica y necesaria para abordar la problemática de forma escalonada.
Las mesas técnicas que ha organizado la Superintendencia para el flujo de recursos son un espacio vital para el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas entre las EPS y los prestadores. Sin embargo, más allá de la buena voluntad, lo que se necesita son acciones concretas y el cumplimiento estricto de la normativa. El bienestar de millones de colombianos depende de ello. La salud no puede ser un negocio donde las ganancias se miden en detrimento del bienestar de los ciudadanos y la estabilidad de las instituciones. Es tiempo de que las EPS asuman su responsabilidad y de que la Superintendencia ejerza con firmeza su labor de control y vigilancia.
¿Crees que estas medidas serán suficientes para garantizar un flujo de recursos sostenible y un sistema de salud más robusto?
