La información que emerge sobre el supuesto uso de ECOPETROL y el SENA para financiar y estructurar equipos políticos al servicio de una campaña electoral es, si se confirma, un atentado grave contra la probidad y la imparcialidad del Estado colombiano. Cuando instituciones que se financian con el dinero de todos los ciudadanos se convierten en herramientas de un proyecto político particular, la democracia misma se ve amenazada.
Se denuncia que, bajo el control del ‘Pacto Histórico’, se están contratando miles de personas desempleadas—con sueldos considerables de entre cuatro y siete millones de pesos—no por sus capacidades técnicas, sino para actuar como “jefes de debate” y llenar listados de potenciales electores. Esto no es política; es clientelismo a gran escala, camuflado bajo la fachada de contratos legítimos. El uso de recursos públicos para fines partidistas no solo es una falta ética, sino que es una práctica que socava la confianza en las instituciones y distorsiona el juego electoral.
El SENA, que debería ser la columna vertebral de la formación técnica y profesional del país, y ECOPETROL, la empresa insignia de Colombia, no pueden ser instrumentalizados para servir a una causa política. Su misión es clara: generar desarrollo económico, educación y empleo para todos los colombianos, sin importar su afiliación política. La presunta formación de “brigadas petristas” en lugares como Barrancabermeja y Bogotá sugiere una estructura organizada y disciplinada para cooptar el aparato estatal en favor de un partido o movimiento.
Este tipo de prácticas, si son ciertas, crean un círculo vicioso de corrupción y dependencia. Los desempleados, desesperados por una oportunidad, se ven obligados a participar en actividades políticas para mantener un ingreso. Las pequeñas y medianas organizaciones electorales se ven forzadas a aliarse con el poder de turno para acceder a recursos, y la competencia electoral se vuelve desigual, no por la fuerza de las ideas o las propuestas, sino por la capacidad de movilizar recursos del Estado.
En una democracia sana, el poder se gana con el voto de los ciudadanos, no con el uso indebido de los impuestos. Es crucial que las entidades de control—la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía—investiguen estas denuncias a fondo y actúen con contundencia. La transparencia y la neutralidad de las instituciones públicas no pueden ser negociables. De lo contrario, no solo estaremos financiando una campaña, sino que estaremos vendiendo a plazos nuestra propia democracia.
