Una vez más, la ciudad de Cali se ve sacudida por actos de violencia y desorden que, lejos de ser una forma legítima de protesta, se asemejan más a un brutal acto de vandalismo. Los recientes disturbios en el sur de la ciudad, en las inmediaciones de la Universidad del Valle, han dejado un rastro de destrucción: dos tractomulas incineradas y una motocicleta oficial hurtada. Este tipo de incidentes no solo perturba el orden público y la movilidad, sino que también socava la confianza en la capacidad de la ciudad para manejar estos conflictos.
Lo más preocupante de estos actos es la escalada de la violencia. Quemar vehículos y robar bienes del Estado no es una forma de expresión social o política; es un crimen que afecta a toda la ciudadanía. Estos actos, lejos de generar empatía o apoyo, lo que provocan es el repudio generalizado. La destrucción de propiedad privada y pública no es el camino para resolver diferencias, sino una muestra de desprecio por el bien común y el diálogo.
La situación también pone en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura de la ciudad. El cierre de estaciones del MIO como Buitrera y Univalle y los desvíos del transporte público afectan directamente la vida diaria de miles de caleños que dependen de este servicio para sus desplazamientos. Además, el hurto de una motocicleta a un agente de movilidad es un ataque directo a las autoridades encargadas de garantizar el orden y la seguridad en las calles.
Es imperativo que se tomen medidas contundentes para identificar y sancionar a los responsables de estos actos vandálicos. La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía (UNDMO) tiene la difícil tarea de restablecer la calma y evitar que estos hechos se repitan. Sin embargo, la solución de fondo no es solo policial, sino también social. Es crucial que se investiguen las causas subyacentes de estos disturbios y se establezcan canales de comunicación efectivos para resolver los conflictos antes de que degeneren en violencia. Cali no puede seguir siendo rehén de la anarquía. La ciudadanía merece vivir en paz y seguridad, y es responsabilidad de todos, incluyendo las autoridades, los manifestantes y la sociedad en general, trabajar para que esto sea una realidad.
