El 6 de noviembre de 1985 quedó marcado en la piel de Colombia como el día en que la justicia fue sitiada. Entre las llamas y el estruendo de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, la figura de la magistrada Fanny González Franco se erige no solo como una víctima, sino como un símbolo de la integridad que el país parece haber extraviado en los laberintos de la polarización.
Su frase póstuma, “Muero pero no me doblego”, no fue un simple eslogan; fue un acto de resistencia civil frente a la barbarie de un grupo insurgente que decidió que las balas tenían más peso que las leyes.
La Responsabilidad y el Relato
Es inevitable que, en el contexto actual, la figura del presidente Gustavo Petro sea vinculada a este pasado. Si bien el hoy mandatario no participó materialmente en la toma (pues se encontraba detenido en ese momento), pertenecía a la estructura orgánica del M-19. Aquí es donde la “píldora para la memoria” se vuelve necesaria pero compleja:
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La Deuda Histórica: La amnistía y el indulto permitieron la reintegración del M-19 a la vida civil, pero el perdón jurídico no borra el dolor de las familias de los magistrados, empleados y civiles que perecieron en el Holocausto.
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La Institucionalidad: Es una paradoja histórica que quien formó parte de la organización que atacó el corazón de la justicia, sea hoy quien encabeza la rama ejecutiva. Esto exige del presidente un nivel de respeto sagrado por la independencia de poderes, precisamente para honrar la memoria de quienes, como González Franco, murieron defendiéndola.
Justicia más allá del Olvido
Pedir “justicia para las víctimas” no es necesariamente un acto de revanchismo, sino una exigencia de Verdad. A menudo, el relato oficial se enfoca en los errores del Estado durante la retoma, los cuales fueron graves y documentados; sin embargo, la responsabilidad inicial del M-19 al convertir un templo de leyes en un campo de batalla no puede ser matizada ni olvidada.
Fanny González Franco representa a esa Colombia que no se rinde ante la intimidación. Recordarla hoy es un recordatorio de que las instituciones deben ser protegidas, no solo de los ataques externos, sino del desgaste de su propia integridad.
