La reciente suspensión provisional del decreto de aumento del salario mínimo para 2026 por parte del Consejo de Estado no es solo un tropiezo administrativo; es un síntoma de la tensión constante entre la ambición social del gobierno de Gustavo Petro y el rigor procedimental de las instituciones colombianas.
La respuesta del mandatario, centrada en la creación de un “decreto transitorio”, busca ante todo evitar un vacío legal que desproteja el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, el fondo del asunto va mucho más allá de una firma en un documento.
1. La Narrativa contra la Estática Económica
Petro insiste en que el aumento salarial no es el culpable de la inflación ni del desempleo. Al citar el 0,25 % de inflación en enero, el presidente intenta desvincular el costo de vida de los ingresos de la base trabajadora. Es una postura valiente que desafía los dogmas económicos tradicionales, pero que camina sobre una cuerda floja:
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El optimismo oficial: Se percibe un país con indicadores sólidos que soportan el alza.
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La realidad de la calle: La percepción de los empresarios y de ciertos sectores académicos es de cautela ante una posible desaceleración.
2. El Banco de la República: El Villano Favorito
No es sorpresa que Petro haya vuelto a señalar a la tasa de interés como el “ancla” que impide el crecimiento. Esta dicotomía entre la política fiscal (el gasto y el salario) y la política monetaria (el control del Banco Central) define el pulso económico del país. El presidente sugiere que, sin una flexibilización en el costo del dinero, cualquier esfuerzo por mejorar el salario mínimo se verá neutralizado por la falta de dinamismo en el mercado.
3. Del Decreto a la Calle
Lo más revelador de la alocución no fue el anuncio técnico, sino la convocatoria a la movilización social. Al vincular el problema del salario mínimo con las reformas a la salud y pensional, Petro reafirma su estilo de gobernanza: la calle como mecanismo de presión y legitimación. > “La justicia social no puede estar sujeta a la interpretación de un decreto, sino a la voluntad de un pueblo”, parece ser el mensaje implícito.
Conclusión: Un Momento Definitorio
El Gobierno tiene ocho días para demostrar que puede conciliar con la Comisión de Concertación. No se trata solo de fijar un número, sino de demostrar que existe capacidad de diálogo institucional. Si el nuevo decreto nace de un consenso real, el gobierno saldrá fortalecido; si nace de una imposición apresurada, es probable que termine nuevamente en los despachos judiciales.
Colombia no solo espera un “salario vital”, espera una estabilidad que le permita planificar el futuro sin la zozobra de la incertidumbre jurídica.
