El reciente ataque contra la candidata a la Cámara de Representantes, Lucy Amparo Guzmán González, en la zona rural de Santander de Quilichao, no es solo un reporte judicial de un vehículo hurtado y armas sustraídas; es una radiografía dolorosa de una democracia que sigue caminando con muletas en el suroccidente colombiano.
Que una aspirante política y su equipo sean retenidos durante dos horas por hombres armados es un mensaje claro de control territorial que desafía directamente la legitimidad del Estado. En el Cauca, las campañas no se ganan solo con votos; se sobreviven.
El riesgo de normalizar la barbarie
Lo ocurrido este sábado pone sobre la mesa tres puntos críticos que no podemos permitir que se pierdan en el ruido mediático:
-
El vacío de control: El hecho de que estructuras armadas (presuntamente disidencias de las FARC-EP) operen con tal soltura como para interceptar un esquema de seguridad y desarmarlo, evidencia que la seguridad en las zonas rurales sigue siendo una promesa de papel.
-
La vulnerabilidad del liderazgo femenino: Como bien señaló el equipo de la candidata, existe un componente de intimidación específico contra las mujeres que deciden tomarse el espacio público. La violencia política de género busca que el miedo sea el filtro que decida quién participa y quién se queda en casa.
-
La encrucijada del esquema de seguridad: La observación de la Policía sobre la falta de aviso previo al desplazamiento es un tecnicismo que, si bien es real para los protocolos, no puede ocultar la realidad de fondo: un candidato no debería tener que pedir permiso para transitar por su propio departamento.
Un llamado a la acción, no a la reacción
El Partido Liberal y diversas voces regionales ya han solicitado garantías. Sin embargo, la respuesta no puede ser simplemente más camionetas o más chalecos. La seguridad de los líderes en el Cauca requiere una estrategia de control territorial efectiva y una presencia estatal que no sea solo reactiva tras el robo o la retención.
Si el ejercicio de la política se convierte en un deporte de alto riesgo, los ciudadanos pierden su derecho a elegir libremente y el territorio queda en manos de quienes imponen la ley del fusil.
“Cuando las balas o el robo de un vehículo dictan el ritmo de una campaña, la que realmente queda retenida es la libertad de todo un pueblo.”
El caso de Lucy Amparo Guzmán debe ser el detonante para que el Gobierno Nacional pase de los comunicados de preocupación a las acciones verificables. No podemos permitir que las elecciones de 2026 se decidan bajo la sombra de la intimidación en las veredas de Santander de Quilichao.
