El sur del Cauca vuelve a ser el escenario de una película de terror que sus habitantes conocen de memoria, pero a la que nunca deberían acostumbrarse. Los recientes eventos en el sector de Piedra Sentada, en El Patía, donde las ráfagas de fusil y el ataque indiscriminado a vehículos civiles cortaron el flujo de la vía Panamericana, no son incidentes aislados; son el síntoma de una soberanía que se desvanece en las carreteras.
El secuestro de la movilidad
Resulta indignante que el principal corredor vial del suroccidente colombiano siga siendo tratado como el tablero de ajedrez de los grupos disidentes. Pinchar llantas a punta de disparos no es solo un acto vandálico; es un mensaje de control territorial diseñado para sembrar el pánico en la población civil y desafiar directamente la autoridad del Estado.
Mientras los conductores se resguardan bajo sus asientos y las comunidades rurales quedan atrapadas en el fuego cruzado entre el Ejército y los grupos armados, el país asiste a una peligrosa normalización de la violencia en el Cauca.
Más allá de la respuesta militar
Si bien el despliegue de la Fuerza Pública es necesario para retomar el control inmediato, la solución de fondo parece estar cada vez más lejos. No basta con despejar la vía tras el combate; se requiere:
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Presencia estatal permanente: No solo militar, sino institucional, que rompa el control social de los grupos ilegales.
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Inteligencia preventiva: Es inadmisible que grupos armados puedan interceptar vehículos en una vía nacional estratégica sin una reacción previa que lo impida.
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Garantías para el transporte: El suroccidente no puede seguir viviendo bajo la amenaza de quedar incomunicado cada vez que un grupo armado decide mostrar su fuerza.
Conclusión
La Panamericana es la arteria vital para la economía y la vida de miles de colombianos en Cauca, Nariño y el resto del país. Permitir que se convierta en un campo de batalla recurrente es condenar a toda una región al atraso y al miedo. Las autoridades no solo deben entregar balances de heridos o capturas; deben devolverle a los ciudadanos la certeza de que pueden transitar por su país sin que una bala les arrebate el camino.


































































