La reciente ratificación de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol no es solo una decisión corporativa; es un síntoma de la peligrosa porosidad entre la política y la gobernanza empresarial en Colombia. Al priorizar la confianza personal del presidente Gustavo Petro sobre las alarmas del mercado, la junta directiva ha decidido navegar una tormenta perfecta que pone en juego el activo más valioso de la compañía: su credibilidad.
La ética vs. la técnica
El argumento de la “presunción de inocencia” es un pilar jurídico indiscutible, pero en el mundo del Gobierno Corporativo, los estándares son distintos. Una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y responde ante la SEC no solo debe ser íntegra, sino parecerlo. Mantener a un directivo con procesos abiertos por tráfico de influencias y violación de topes electorales —este último vinculado directamente a la campaña que llevó al poder a su actual jefe— envía un mensaje de vulnerabilidad institucional.
El quiebre del aliado histórico
Quizás lo más revelador de esta crisis es la fractura con la Unión Sindical Obrera (USO). Que el sindicato más emblemático del sector, históricamente alineado con las causas de izquierda, exija la salida de Roa, desarticula la narrativa gubernamental que intenta reducir las críticas a un simple “ataque de la derecha”. Cuando los trabajadores advierten riesgos éticos y operativos, el problema deja de ser ideológico para volverse estructural.
Los costos tangibles
La resistencia al costo político no es gratuita. Ya se observan señales de alerta que la junta no puede ignorar:
- Desempeño bursátil: Mientras otras petroleras aprovechan la coyuntura de precios, la acción de Ecopetrol muestra una timidez que refleja la desconfianza del inversionista minoritario.
- Riesgo de Paro: La amenaza de cese de actividades por parte de la USO no solo afectaría la producción diaria, sino que golpearía directamente las metas de transferencia fiscal al Estado.
- Vigilancia Internacional: Las indagaciones preliminares de reguladores extranjeros son una espada de Damocles. Un hallazgo adverso afuera podría forzar una salida mucho más traumática y costosa que una renuncia preventiva hoy.
“La junta directiva tiene una responsabilidad fiduciaria: su lealtad debe ser con la empresa y sus accionistas (incluyendo a millones de colombianos a través de los fondos de pensiones), no con un proyecto político de turno.”
Conclusión
Ecopetrol está en un punto de inflexión. Al sostener a Roa, el Gobierno ha ganado una batalla por el control territorial de la cúpula, pero podría estar perdiendo la guerra por la confianza del mercado. En el sector energético, donde la inversión depende de la estabilidad y la transparencia a largo plazo, el costo político de hoy puede transformarse muy pronto en el costo financiero de mañana. La pregunta no es cuánto resiste Roa, sino cuánto daño está dispuesta la junta a permitir que sufra la “joya de la corona” antes de actuar.
