La revelación de Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha destapado uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia reciente de Colombia. Más que un simple desfalco, las acusaciones dibujan un entramado que supuestamente unía el saqueo de recursos públicos con la compra de voluntades políticas al más alto nivel, socavando los pilares de la democracia y la confianza en las instituciones.
Según Pinilla, la corrupción en la UNGRD no se limitaba a la desviación de fondos a través de más de 90 contratos, en un esquema que incluyó delitos como falsedad en documento y un indebido interés en la contratación. La verdadera dimensión del escándalo radica en la presunta utilización de estos recursos para cooptar a miembros del Congreso, ofreciéndoles sobornos multimillonarios a cambio de su apoyo a las reformas del gobierno en áreas tan cruciales como la salud, la educación, el trabajo y el sistema pensional.
La lista de implicados, que incluye a exfuncionarios de alto nivel, congresistas en ejercicio y contratistas, sugiere que el saqueo de la UNGRD fue un pacto de corrupción que trascendió partidos y cargos, alcanzando incluso a personas del círculo de confianza más cercano al presidente Gustavo Petro. Nombres de expresidentes del Senado y la Cámara, exministros, directores de departamentos administrativos y asesores presidenciales, entre otros, han sido mencionados por Pinilla, lo que pone de manifiesto la profundidad y la magnitud de la presunta red corrupta.
Si las revelaciones de Pinilla son verídicas, y se le concede el principio de oportunidad, este caso podría convertirse en un punto de inflexión para la justicia colombiana. El escándalo de la UNGRD no es solo un problema de desviación de fondos; es una afrenta directa a la legitimidad del Estado y a la esperanza de los ciudadanos de que la función pública sirva al bien común. Es un momento crucial para que las instituciones demuestren su independencia y su firmeza en la lucha contra la impunidad. La sociedad colombiana exige respuestas y, sobre todo, una depuración de la «picaresca contratista» y de la corrupción que amenaza con devorar el futuro de la nación.
Personas de confianza del presidente Gustavo Petro Urrego encabezan la cadena de corrupción mas grande que haya padecido Colombia en el último siglo. Son ellos:
Iván Leónidas Name Vásquez, expresidente del Senado de la República; Andrés David Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes; Carlos Ramón González Merchán (santandereano), exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ; Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones; Ricardo Bonilla González, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco Chaves, exministro del Interior; Julio Elías Chagüi, senador de la República; Karen Astrith Manrique Olarte, representante a la Cámara; Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de la UNGRD; Eduardo Rivero Rey, vinculado al presunto ofrecimiento de sobornos de 13.000 millones de pesos a congresistas; Jaime Ramírez Cobo, asesor del Dapre; César Augusto Manrique Soacha, exdirector de la Función Pública; Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor del director de la UNGRD; Luis Eduardo López Rosero, contratista de la UNGRD; Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general de la UNGRD; Harry Bejarano; Camilo Díaz.; Juan Carlos Torres; Edilberto Torres Montes; Gustavo González Ruiz, pareja sentimental de la congresista Karen Manrique Olarte; Hugo Tolosa; María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y Olmedo de Jesús López, exdirector general de la UNGRD.
