El reciente informe del DANE sobre la pobreza monetaria en Colombia durante 2024 ofrece un resultado que, si bien es alentador, exige un análisis sobrio y crítico. La reducción de la pobreza a un 31,8 % de la población es un logro que merece ser reconocido. Sin embargo, este avance no debe ser pretexto para celebraciones triunfalistas, pues la cifra esconde una serie de complejidades y desafíos que el Gobierno nacional no puede ignorar.
La diferencia entre progreso y triunfo absoluto
La primera precisión es técnica y política. Las comparaciones históricas deben ser cautelosas, pues las metodologías estadísticas han cambiado con el tiempo. Afirmar que el 31,8 % es el «menor porcentaje de la historia» sin matices es impreciso. Es un resultado positivo, sí, pero no inédito. Además, el éxito en la reducción de la pobreza no es uniforme. El desempeño de ciudades como Bogotá, impulsado por un crecimiento económico y un empleo superiores al promedio nacional, ilustra que el fenómeno tiene una fuerte dimensión territorial.
La necesidad de autocrítica en la política social
El informe del DANE subraya la necesidad de una autocrítica ineludible en el Ejecutivo. La decisión de sustituir el esquema de transferencias monetarias que existía, ha tenido un impacto directo en el ingreso de los hogares más pobres. Diversos análisis sugieren que la continuidad de los giros anteriores podría haber sacado de la pobreza a unas 180.000 personas adicionales. La reducción de la pobreza extrema, por su parte, se quedó por debajo de un punto porcentual. Este reparto desigual del crecimiento demuestra que las políticas actuales no están llegando de manera efectiva a quienes más necesitan ayuda.
Metas medibles y gestión eficiente
Para corregir el rumbo, el Gobierno debe reorientar las transferencias hacia beneficiarios verificables, optimizar los procedimientos de focalización y eliminar gastos improductivos. La eficiencia administrativa no es una simple virtud retórica; es una condición indispensable para asegurar que cada peso invertido genere oportunidades tangibles, no como un gesto político, sino como una obligación ética y técnica.
El informe nos brinda una oportunidad para exigir al Gobierno metas cuantificables, la publicación de indicadores accesibles y la auditoría independiente de sus programas sociales. El país necesita una reducción verificable de la vulnerabilidad, acceso sostenido a servicios básicos y la creación de empleos formales, porque solo así se podrá saldar la deuda histórica con los ciudadanos más desprotegidos.
