La falta de respuesta de tres miembros del partido Farc al requerimiento que les hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que antes del 21 de septiembre presentaran sus informes sobre los casos de secuestro que les atribuyen, sembró inquietudes sobre el cumplimiento de estos exguerrilleros con la verdad, la justicia y la reparación con las que se comprometieron para obtener los beneficios del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre del 2016.
Sobre todo, porque dos de los que no contestaron el llamado a ratificar su compromiso con la paz –como también lo exigió la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP– hacen parte del grupo de 9 dirigentes de la Farc que abandonaron las zonas de reincorporación argumentando temores a ser capturados con fines de extradición. Son ellos “Romaña” (Henry Castellanos) y el “Paisa” (Hernán Darío Velásquez).
Precisamente, abogados penalistas como el exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar sugieren que ante la aparente falta de interés de los requeridos para reportarse ante la JEP, esta justicia transicional debe tomar pronto decisiones de fondo, como darles un plazo para que aparezcan o, de lo contrario, asumir las consecuencias.
La consecuencia más grave para los exjefes guerrilleros sería la pérdida del cupo en la JEP y su paso a la justicia ordinaria.
En los hechos, ya no tendrían restricción de libertad de máximo 8 años, sino una pena de entre 28 y 40 años de cárcel, que es la que se impone en Colombia por secuestro, primer delito por el que fueron llamados en la JEP.
El 10 de septiembre, como parte del proceso por secuestro que abrió contra 31 exintegrantes de la cúpula de la exguerrilla de las Farc, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP expidió un auto mediante el cual les dio 10 días hábiles (que vencieron el 21) para presentar sus descargos por los secuestros que le atribuyen a cada uno.
Además de “Romaña” y el “Paisa”, no respondió al requerimiento de la JEP Orlay Jurado Palomino. Al referirse a la situación de estos dirigentes de la Farc, Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, afirma que actualmente cuentan “con las direcciones, teléfonos y correos aportados por 28 de los 31 comparecientes”. Es decir, de todos menos de los tres que no respondieron.
La JEP planea una nueva decisión en el proceso por secuestro contra la excúpula de las Farc y expertos en esta justicia transicional prevén que ratificará la orden de que entreguen sus informes sobre si continúan, o no, en el proceso de paz.
A partir del siguiente pronunciamiento, “Romaña”, el “Paisa” y “Palomino” tendrán otros días para responder. De no hacerlo, la JEP les abriría un incidente de incumplimiento.
Lemaitre afirma que hay “consecuencias de distinta envergadura, de acuerdo con el nivel de incumplimiento”, pero que los magistrados de la JEP no pueden pronunciarse sobre casos concretos “porque esto implicaría prejuzgar y podría dar lugar a impedimentos
