La inscripción del comité promotor para una Asamblea Nacional Constituyente no es solo un trámite administrativo; es la formalización de un quiebre institucional. El Gobierno de Gustavo Petro, ante la dificultad de concertar sus reformas en el Legislativo, ha decidido apostar por el “poder constituyente” como una herramienta de presión y transformación directa.
Un camino empedrado de requisitos
El optimismo del Ejecutivo choca de frente con la realidad técnica y jurídica. La Ley 1757 de 2015 no es un sendero ligero. Recolectar tres millones de firmas es apenas el primer escalón de una escalera que incluye:
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La validación de la Registraduría.
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El paso por el Congreso: Donde se debe aprobar una ley que convoque a la consulta.
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El control de la Corte Constitucional: Que revisará la legalidad de todo el proceso.
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El umbral en las urnas: Se requiere que una tercera parte del censo electoral vote a favor.
La paradoja del tiempo
Resulta llamativo que el Gobierno fije la presentación del proyecto ante el Congreso para el 20 de julio de 2026. Esta fecha sitúa el debate en el ocaso del actual mandato, convirtiendo la Constituyente en una bandera de campaña para las próximas elecciones más que en una solución inmediata a los problemas de gobernabilidad. ¿Es una búsqueda de reforma real o una estrategia para mantener movilizadas a sus bases frente a lo que llaman “bloqueo institucional”?
El riesgo de la polarización
La narrativa de “pueblo contra instituciones” es un arma de doble filo. Al saltarse la deliberación parlamentaria bajo el argumento de que el Congreso está bloqueado, se debilita la confianza en la democracia representativa. Si bien la Constitución de 1991 permite este mecanismo, su uso como respuesta a la falta de mayorías legislativas sienta un precedente complejo: la regla de la mayoría por encima de los contrapesos.
Conclusión
Colombia entra en un periodo de alta tensión política. La recolección de firmas será el termómetro real del apoyo popular al Presidente. Sin embargo, el país debe preguntarse si el remedio de una Constituyente —con toda la incertidumbre económica y social que genera— no terminará siendo más costoso que la enfermedad de la parálisis legislativa. El diálogo sigue siendo la ruta más corta, aunque hoy parezca la más olvidada.
