La admisión por parte del Consejo de Estado de la demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas no es solo un trámite judicial; es el retrato de una democracia que parece tener precio en el mercado negro de la política. El escándalo de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) ha dejado de ser un rumor de pasillo para convertirse en un expediente que amenaza con la “muerte política” de figuras clave del Legislativo.
Lo que resulta verdaderamente doloroso para el electorado no es solo la cifra del desfalco, sino la naturaleza del intercambio. Se habla de parlamentarios que, presuntamente, habrían canjeado su voto y su deber constitucional por fajos de dinero destinados a aprobar leyes y, peor aún, a influir en procesos de control político. Cuando la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y la Comisión de Acusaciones —esta última encargada de juzgar al Presidente— aparecen salpicadas, el mensaje es devastador: los contrapesos del poder no están funcionando como escudo, sino como mercancía.
Los implicados y el peso de la prueba
La lista no discrimina colores políticos ni regiones:
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Senadores: Martha Peralta, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Berenice Bedoya.
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Representantes: Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez, Julián Peinado y Karen Manrique.
El “ventilador” encendido por Olmedo López y Sneyder Pinilla ha puesto nombres propios sobre la mesa. Si bien rige la presunción de inocencia, la admisión de la demanda por el alto tribunal sugiere que las evidencias presentadas por el abogado Bustos tienen el peso suficiente para ser discutidas con rigor.
¿Muerte política o simple rotación?
La pérdida de investidura es la sanción más severa que puede recibir un congresista en Colombia. Es el castigo moral y legal a la traición de la confianza pública. Sin embargo, el país ha visto antes cómo líderes inhabilitados terminan gobernando en cuerpo ajeno. El reto del Consejo de Estado es demostrar que la justicia no llega tarde y que las instituciones son capaces de depurarse a sí mismas.
Es paradójico y cruel que el dinero destinado a atender desastres naturales y emergencias —recursos que deberían proteger a los más vulnerables, como el pueblo Wayúu— haya terminado, presuntamente, en los bolsillos de quienes juraron defender el bien común.
El veredicto ciudadano
La corrupción en la UNGRD es, tal vez, la mancha más profunda en la bandera del cambio que prometió el actual gobierno. Si se comprueba que se compraron votos para blindar al Ejecutivo o para aceitar la maquinaria legislativa, no solo caerán nueve congresistas; caerá también un poco más la fe de un país que está cansado de ver cómo sus leyes se redactan con tinta, pero se firman con sobornos.
La justicia tiene la palabra. Colombia, mientras tanto, observa con una mezcla de indignación y esperanza de que, por fin, la “muerte política” no sea una metáfora, sino una realidad para quienes convirtieron el Congreso en una oficina de transacciones ilegales.
