La propuesta del gobierno de Colombia por crear nuevos subsidios prometidos en la pasada campaña electoral del presidente Gustavo Petro con el fin de mitigar el desempleo y la falta de oportunidades puede convertirse en un barril sin fondos, donde la frustración sea superior a la realidad palmaria, porque las empresas privadas se están ahogando en medio de las sobretasas que se pagan por todo concepto, como si fuera pecado haber amasado un modesto capital en muchos años de esfuerzos y privaciones.
Las empresas de radiodifusión, que deben sostener una abultada nómina de funcionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información (Ministerio de las TIC s), no resisten el reajuste de tributos y de las cuotas parafiscales, que año tras año buscan favorecer a los artistas, pero que en el fondo son unas mafias al servicio de pequeñas camarillas. Una empresa radial paga un salario mínimo por cada kilovatio de potencia, además de una tarifa plena en los costos de la energía eléctrica. Deben pagar, igualmente, el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, el impuesto a las ventas y otras exacciones que han arruinado al sector de las comunicaciones.
Hemos visto al ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, realizar extensas y prolongadas reuniones con los senadores y representantes tratando de calcular un ingreso adicional para las rentas de la nación por veinticinco billones de pesos y han tomado la determinación de gravar con el veinte por ciento (20%) las exportaciones de petróleo y de carbón mineral, cuando ya fueron condenadas a pagar elevadas tarifas por la explotación de estos recursos energéticos.
De donde van a sacar el dinero para seguir asumiendo la matrícula gratuita en las treinta y dos (32) universidades públicas que tiene Colombia, donde los hijos de los pobres reciben además subsidios alimenticios y subsidios de vivienda, como si fueran empleados de la administración central. Como van a financiar los numerosos procesos de paz y de acogimiento a la justicia, si el sostenimiento de los quince mil desmovilizados de las guerrillas de las FARC y la denominada Justicia Especial para la Paz , requieren una gruesa tajada económica del presupuesto nacional.
Por qué no han tocado y modificado las escandalosas asignaciones de los congresistas y por qué guardan silencio frente a la propuesta del senador santandereano Jota Pe Hernández, que propuso eliminar una prima especial de nueve millones de pesos mensuales que les otorgó graciosamente el expresidente Juan Manuel Santos a los benditos Padres de la Patria .
Llegará el proyecto de reforma tributaria a las comisiones de asuntos económicos de senado y la cámara de representantes, convertida en una colcha de retazos donde estarán presentes los delegados de la industria bancaria haciendo Lobby para que no les arrebaten sus privilegios. Fuera de aumentar los impuestos existentes, tendrán que levantarse la plata para una reforma agraria donde el presidente Petro ha propuesto la creación de un banco de tierras con tres millones de hectáreas, para entregarlas a muy bajo costo, querido crear un ejército de propietarios .
