Más de 3,7 millones de nicaragüenses mayores de 16 años tenían una cita con las urnas este domingo en las elecciones municipales del país. Unos comicios en los que se eligieron alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país.
La jornada estuvo marcada por la denuncia de opositores y organismos internacionales sobre las pocas garantías electorales y la represión previa a aspirantes disidentes al oficialismo.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, se pronunció luego de depositar su voto.
“Este voto es un voto por la paz, más allá del partido al cual se le deposita el voto, se está votando por Nicaragua, y al votar por Nicaragua se está votando por la paz”, sentenció el mandatario.
Para muchos los resultados de las elecciones no serán una sorpresa. Se espera que la alianza “Nicaragua Unida Triunfa”, afín a Ortega, quede controlando todos o casi todos los territorios del país. En la actualidad la agrupación oficialista ya lidera 141 de los 153 municipios de Nicaragua.
Así, para grupos como “Urnas Abiertas”, un observatorio de incidencia política, “estas elecciones son parte de una consolidación del régimen totalitario de Daniel Ortega».
Según Ligia Gómez, uno de sus miembros, se habían documentado más de 700 casos de violencia política, incluido acoso dirigido y amenazas contra candidatos o figuras conocidas de la oposición este año.
Las polémicas sobre la afluencia a las urnas
Las versiones sobre la afluencia a las urnas son contrastantes.
Según organizaciones opositoras como Unidad Nacional Azul y Blanco, la jornada electoral estuvo marcada por la poca presencia de ciudadanos en los puestos de votación. El colectivo incluso mostró fotos en sus redes sociales en las que se veían pocas personas con leyendas que marcaban: “Centros vacíos”.
La versión del Gobierno es otra. El Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por fuerzas oficialistas, aseguró que las elecciones se desarrollaron con afluencia, en calma, y sin incidentes.
«Hemos visto la afluencia en todos los centros de votación y esperamos que así continúe en esta jornada cívica, en estas elecciones soberanas municipales», sentenció la presidenta del CSE, Brenda Rocha.
Las denuncias de unas elecciones fraudulentas
La palabra “fraude” también ganó protagonismo este domingo. Tanto a nivel local como internacional se hicieron denuncias sobre detenciones, irregularidades y represión antes y durante la jornada electoral.
La oficina de derechos humanos de la ONU manifestó su preocupación por “las detenciones arbitrarias” que se presentan en el país. “Hacemos un llamado al gobierno para que garantice los derechos políticos y cívicos del pueblo nicaragüense y cese la represión”, añadió.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el viernes que no había condiciones para desarrollar unas elecciones “libres y justas”.
El comunicado añadía que los comicios se desarrollan “en un contexto de represión contra la oposición política, con medidas destinadas a impedir su participación y la ausencia de reformas para la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Ley Electoral».
En paralelo, grupos opositores habían denunciado que más de 755.000 nombres habían desaparecido de los padrones electorales. Y desde el exilio 13 organizaciones habían firmado un comunicado en el que aseguraban que los comicios serían una “farsa” que pretendían instalar “un régimen dictatorial absoluto y de partido único”.
Poco antes de las elecciones la Asamblea Nacional, también controlada por fuerzas oficialistas, aprobó una ley para que los nicaragüenses puedan votar incluso con cédulas de identidad vencidas.
Una represión que continúa
La represión a los opositores en Nicaragua no es nueva. Más de 200 personas se encuentran encarceladas desde las manifestaciones de 2018 contra el Gobierno. En ese entonces, Ortega afirmaba que se trataba de un supuesto golpe de Estado promovido por Estados Unidos.
En 2021 el presidente fue reelegido para su cuarto mandato consecutivo. Unas elecciones que estuvieron marcadas por las represalias a políticos y activistas contrarios al Gobierno.
El año pasado, según Urnas Abiertas, la abstención alcanzó más del 81%. Unas cifras radicalmente diferentes a las del Consejo Supremo Electoral aseguraban que había sido de solo un 34,74%.
Un panorama que parece no haber cambiado. Según la OEA en las últimas semanas hubo un «recrudecimiento de la represión y persecución».
