Una grave situación de riesgo es la que enfrentan las comunidades de Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario y Los Patios, en el departamento de Norte de Santander, debido a la creciente presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y diversas bandas de criminalidad organizada están generando un clima de violencia extrema en estas localidades, con impactos devastadores sobre la población civil.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta para llamar la atención sobre el control territorial que estos grupos ejercen mediante desplazamientos forzados, amenazas, homicidios selectivos, extorsiones y reclutamiento de menores de edad, lo que ha puesto en peligro la vida de miles de personas. «Esta situación afecta especialmente a personas defensoras de derechos humanos, lideresas y líderes sociales, comerciantes, población migrante, jóvenes, mujeres y comunidades vulnerables que se encuentran en un alto riesgo de victimización», afirmó Iris Marín Ortiz, señaló la defensora del Pueblo.
En la región, el ELN ha consolidado su presencia en las zonas rurales de Cúcuta y Puerto Santander, mientras que el EGC ha extendido sus acciones criminales hacia áreas urbanas, lo que ha provocado una creciente inseguridad. Además, bandas criminales como el ‘Tren de Aragua’, ‘AK-47’ y ‘Los del Norte’ han incrementado su influencia en el departamento, controlando el microtráfico, la trata de personas y el tráfico de migrantes, y utilizando los pasos fronterizos como rutas estratégicas para actividades ilícitas.
La alerta también resalta la grave situación socioeconómica en las zonas afectadas, donde altos niveles de pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la escasa oferta laboral contribuyen a la vulnerabilidad de la población. “En este contexto, niños, niñas y adolescentes, especialmente de la comunidad indígena Yukpa, están siendo explotados en actividades ilegales, lo que agrava la crisis humanitaria en la región”.
Ante esta alarmante situación, la Defensora del Pueblo hizo un llamado urgente a los gobiernos nacional, departamental y local para que coordinen acciones concretas para proteger los derechos humanos en la región. «Es fundamental fortalecer la presencia institucional en las áreas más afectadas por el accionar de los grupos armados no estatales y bandas criminales, garantizar la atención humanitaria a las comunidades vulnerables y promover estrategias de prevención que permitan mitigar los riesgos a los que se enfrentan miles de personas en Norte de Santander», destacó Iris Marín Ortiz.
Como parte de la respuesta, la Defensoría ha presentado 39 recomendaciones divididas en seis ejes estratégicos, que incluyen la coordinación de una respuesta rápida, la disuasión de la violencia, la prevención y protección urgentes, la atención humanitaria integral y el fortalecimiento de la justicia. Estas medidas procuran mitigar los riesgos inmediatos y abordar las causas estructurales que perpetúan la crisis en la capital Cúcuta y su área metropolitana.
«La acción inmediata y coordinada de los entes gubernamentales es crucial para frenar lo que está ocurriendo y construir un entorno seguro y digno para las poblaciones actualmente afectadas», concluyó la defensora del Pueblo.
