El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó ante los medios de comunicación, que el borrador del decreto para la convocatoria a la Consulta Popular está listo. El ministro explicó que dicho decreto está sustentado en los seis vicios identificados durante la votación del pasado 14 de mayo en el Senado de la República, los cuales incluyen irregularidades como fraude y prácticas indebidas. En virtud de estos hechos, el decreto será remitido directamente a la Corte Constitucional, tal como lo establece el procedimiento.
El Ministro del Interior se refirió a la posibilidad de que no se convoque una Consulta Popular, siempre y cuando los textos aprobados por ambas cámaras del Congreso de la República resulten similares.
“Si ese texto de la Cámara se asemeja mucho a lo que apoye la plenaria del Senado, en ese futuro hipotético, uno pudiera pensar entonces que no habrá consulta o se podría pensar en que no se convocará a la consulta”, afirmó el ministro Benedetti.
Asimismo, indicó que la Consulta Popular, una vez se surta el trámite correspondiente, podría convocarse entre finales de julio y los primeros días de agosto, dentro de los plazos legales y con la logística prevista.
“El borrador queda completamente listo hoy (jueves). Está motivado con los seis vicios que hubo en la votación del 14 de mayo en el Senado: el fraude, la trampa, etc. Y se remite directamente a la Corte Constitucional”, puntualizó el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Hicieron trampa
Por su parte, en una alocución televisada dirigida a todos los colombianos, el presidente Gustavo Petro anunció su decisión de convocar por decreto una Consulta Popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre los principales puntos de la reforma laboral que fue archivada en el Senado. “Voy a decretar la Consulta Popular”, declaró el mandatario. “La Corte Constitucional será la que tenga la última palabra, como corresponde. Puede decidir que sí o que no, de acuerdo con las normas”.
Petro justificó su decisión argumentando que el Congreso nunca dio un concepto favorable sobre la reforma laboral: “Jamás hubo una evaluación seria en el Senado. Hicieron trampas”. A su juicio, la consulta representa una forma de devolverle el poder de decisión al pueblo colombiano.
Durante su intervención, el presidente apeló a la defensa del Estado Social de Derecho y a los principios de igualdad y soberanía popular. “Ojalá la Corte Constitucional contribuya a reconstruir estos valores fundamentales. El único dueño del poder en Colombia es el pueblo, y nadie tiene derecho a silenciarlo”, afirmó enfáticamente.
El jefe de Estado también criticó una visión reduccionista de la libertad, haciendo referencia a su homólogo argentino, Javier Milei: “La libertad humana no es solo ir a un supermercado. Eso depende de tener dinero. Los derechos no deben estar condicionados a la capacidad económica”.
Petro insistió en que lo fundamental es que la gente pueda expresar su opinión en las urnas: “Si creen que la mayoría del país no apoya la reforma laboral, déjenla votar. Veremos entonces quién tiene realmente la mayoría”.
Sobre la campaña que se avecina, recordó que el presidente deberá mantenerse al margen y que solo el Comité del Sí y el Comité del No podrán participar activamente. Reconoció que el Comité del No contará con “mucho apoyo poderoso y económico”, mientras que el Comité del Sí “tendrá que autofinanciarse con la fuerza del pueblo”.
“La gente puede hacer muchas cosas gratuitamente, cosas que los más ricos solo pueden lograr con miles de millones de pesos”, concluyó el mandatario.
Bancadas: “Es un atropello del gobierno”
Mientras que el presidente está listo para anunciar la Consulta Popular por Decreto, ocho partidos políticos (Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y el Partido ASI) emitieron una declaración conjunta en la que expresan su rechazo a la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro convoque una consulta popular mediante decreto, pese al rechazo previo del Senado.
En el comunicado, los partidos califican esta eventual decisión como una acción “unilateral e inconstitucional” y la señalan como un “golpe de Estado” que vulneraría gravemente la Constitución y la separación de poderes.
“El Congreso de la República, como pilar de nuestra democracia, ejerció su función constitucional al no aprobar dicha consulta, y esta decisión debe ser respetada”, manifestaron los firmantes. Recordaron, además, que la Sección Quinta del Consejo de Estado ya había ratificado el archivo de la consulta como un “acto definitivo” del Senado, reafirmando su legitimidad y autonomía.
Los partidos hicieron un llamado a las instituciones del Estado —incluyendo la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría y los organismos electorales— a actuar “con independencia y bajo el principio de legalidad”. En particular, exhortaron al Registrador Nacional a ejercer su autonomía y a revisar rigurosamente los requisitos legales antes de fijar cualquier calendario electoral relacionado con una eventual consulta.
“Hoy los partidos políticos que acompañamos el presente comunicado reiteramos nuestro respaldo y respeto incondicional a las Cortes y demás ramas del poder público para que actúen con independencia y determinación frente a esta imposición unilateral que excede las funciones y competencias constitucionales del Gobierno. Igualmente, hacemos un llamado a la ciudadanía para rodear a las instituciones y proteger nuestra Constitución. Manifestamos nuestra profunda preocupación por el grave daño institucional que este gobierno está causando. No podemos quedarnos callados, ni mucho que se instrumentalice las legítimas causas sociales para fines contrarios al orden constitucional. El Congreso ha demostrado que hay voluntad de debatir, a pesar de las presiones y ataques mediáticos, mediante las herramientas legítimas de la deliberación pública y de cara al país, dando las garantías a todas las voces y colores políticos para proponer y someter sus propuestas a la votación representativa que es el fundamento de nuestra democracia”.
En su mensaje final, los partidos políticos señalaron su “profunda preocupación” por el daño institucional que, a su juicio, estaría causando el Gobierno, e instaron a la ciudadanía a respaldar a las instituciones y a defender la Constitución. “Colombia no puede ser sometida a la voluntad de una sola persona”, concluye el comunicado.
