La reciente solicitud de libertad humanitaria para Miguel Rodríguez Orejuela no es solo un trámite jurídico en una corte de Texas; es el epílogo de uno de los capítulos más oscuros y complejos de la historia contemporánea de Colombia. A sus 82 años, el hombre que una vez movió los hilos de un imperio transnacional desde la sombra del Cartel de Cali, hoy se encuentra atrapado en una prisión más implacable que cualquier muro federal: la demencia vascular.
El memorial presentado por su defensa describe una realidad desoladora. Quien fuera el “ajedrecista” del crimen, hoy no sabe en qué año vive ni es capaz de reconocer su entorno. El documento judicial, que cita delirios paranoicos y la incapacidad de realizar tareas tan básicas como tomar una medicina para una infección dental, plantea un dilema ético que trasciende el prontuario delictivo: ¿Cuál es el propósito del castigo cuando el condenado ya no tiene conciencia de su castigo?
La Ley del Primer Paso (First Step Act), a la que se acoge su defensa, busca precisamente humanizar el sistema penitenciario estadounidense. Establece que la prisión deja de tener sentido cuando el recluso pierde su autonomía. En el caso de Miguel, la justicia se enfrenta a un espejo incómodo. Mantenerlo tras las rejas hasta el 2028, cuando su mente ya ha emigrado a un lugar donde la realidad no existe, parece más un acto de inercia burocrática que de justicia efectiva.
Ya ocurrió con su hermano Gilberto, quien falleció en cautiverio lejos de los suyos. El argumento de los abogados es contundente: no permitir la salida de Miguel bajo estas condiciones médicas irreversibles es, simplemente, esperar el envío de un segundo ataúd a Colombia.
Es comprensible que para las víctimas y para una sociedad cicatrizada por el narcotráfico, la palabra “piedad” suene extraña cuando se aplica a un capo. Sin embargo, la madurez de un sistema judicial se mide por su capacidad de aplicar la ley sin perder la humanidad. El deterioro mental de Rodríguez Orejuela nos recuerda que el tiempo es el juez más severo de todos.
Al final del día, la pregunta no es si el recluso merece la libertad por sus actos pasados , la historia ya lo juzgó y la ley lo condenó, sino si una sociedad democrática debe permitir que un anciano, que ya no habita en este mundo racional, muera en la soledad de una celda por el simple hecho de cumplir un calendario que su cerebro ya borró. La justicia, si quiere ser tal, no debe confundirse con la venganza.
