Se trata del llamado ‘acuerdo de punto final’, que sigue andando, pese a que los servicios y tecnologías en salud adeudados se entregaron a la población, incluso, en diciembre de 2019.
Una decisión adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, proferida por la Corte Constitucional, ‘pondrá a correr’ al Ministerio de Salud.
El Alto Tribunal volvió a pronunciarse, puesto que el 20 de noviembre de 2023, mediante el Auto 2882, había declarado ‘nivel de cumplimiento bajo’ de la llamada orden vigesimocuarta, con la cual se busca garantizar el flujo de los recursos que el Gobierno nacional paga a las EPS por los servicios prestados a los ciudadanos.
Esta vez, la Corte le da dos meses al Ministerio para ponerse al día con el llamado ‘acuerdo de punto final’, “una norma mediante la cual se estableció que se pagarían a las EPS todos los valores pendientes, con ocasión de la prestación de los referidos servicios y tecnologías en salud que se entregaron a la población hasta diciembre de 2019, con la intención de evitar la acumulación de nueva deuda a favor de las EPS y las IPS”, recordó la Corte.