Aunque los comunistas, en el marco de la lucha de clases, nunca hemos pedido ni concedido cuartel, el exterminio al que ha sido sometido el Partido Comunista en Colombia es de vieja data. Baste recordar que el 14 de septiembre de 1954, la Asamblea Constituyente (de bolsillo) de Rojas Pinilla declaró mediante Acto Legislativo número 06 por fuera de la ley al Partido Comunista de Colombia, y mediante decreto 0434 del 1º de marzo de 1956 se establecieron las penas por los delitos de “comunista”, “filo-comunista” (es decir amigo del comunismo) y “cripto-comunista” (comunista encubierto). Por eso, y gracias al esclarecimiento de la Corporación Reiniciar, creada para la recuperación de la memoria histórica de la UP, hemos entendido la necesidad de que se demande, para que se condene al Estado y sus sucesivos gobiernos por los crímenes cometidos contra nuestra formación y otros sectores populares, con el simple argumento anticomunista.
Es que desde la aparición del macartismo como doctrina anticomunista yanqui al terminar la Segunda Guerra Mundial e iniciarse la Guerra Fría, en Colombia –siguiendo las instrucciones norteamericanas– se dio inicio a una política de persecución, con el propósito de amilanar y desanimar a los trabajadores, campesinos, intelectuales y todas las capas de la población para que renegaran de las ideas comunistas, lo que se complementó con el halago y la seducción; y al no obtener los alcances previstos, se inició un período de extermino físico del Partido Comunista de Colombia. Desde el poder y con la ideología falangista del Partido Conservador, se expuso, el 24 de junio de 1949, en el aeropuerto de Medellín, por parte del monstruo Laureano Gómez, la teoría del basilisco –animal mitológico de gran cuerpo y pequeñísima cabeza– asumiendo que el gran y paquidérmico cuerpo era el Partido Liberal, sus brazos la masonería, y que el pequeño cerebro que guiaba todo el movimiento y accionar de aquél, era el Partido Comunista. Es el origen de la violencia de mediados del siglo XX, y el inicio más inicuo del anticomunismo como doctrina del Estado y las fuerzas armadas.
El Acto Legislativo y su decreto reglamentario (arriba mencionados), afortunadamente y gracias a la luchas del pueblo por derrocar al régimen de Gustavo Rojas Pinillla, fueron derogados con el plebiscito del 1º de diciembre de 1957 que anuló todo lo actuado en el gobierno Rojas y su ANC.
Pero el anticomunismo persistió, y subsiste; y en el marco de la campaña desatada contra los
influjos de la Revolución Cubana y en general en el contexto de la Guerra Fría, reverdeció en Colombia, de nuevo de manos de los yanquis y los politiqueros más reaccionarios que han manejado al país desde mediados del siglo XIX. Uno, el general William Yarborough, comandante de la escuela de guerra de Fort Bragg, Carolina, que propuso al gobierno nacional un llamado “suplemento secreto” para la lucha antisubversiva, que consagraba la creación de agrupaciones paramilitares anticomunistas y que se convirtió en el decreto 3398 de 1965 (formulación de la doctrina de seguridad nacional) ideologización de las FF.MM. que persiste a hoy. Y el otro, el hijo del monstruo Laureano Gómez, Álvaro Gómez Hurtado, que formuló desde el 25 de octubre de 1961 en el Senado la tesis de la existencia de las llamadas “repúblicas independientes”, que había que exterminar a sangre y fuego y que desataron, con el más vulgar argumento anticomunista, la agresión militar a las zonas agrarias de Marquetalia, Riochiquito, Guayabero, El Pato, etc., zonas de colonización donde se habían refugiado centenares de familias perseguidas y confiscadas de la violencia liberal-conservadora de los años 40-50.
Eso estuvo antecedido del asesinato de Jacobo Prías Alape (líder comunista de los campesinos de esas zonas) en enero de 1960 en Gaitania, Tolima, que desataría a necesidad de defenderse frente a las agresiones desde el poder.
Volveremos en segunda entrega sobre el extermino de la UNO.
Alfredo Valdivieso
Directivo Naciona Union Patriotica
