La Defensoría del Pueblo, en conjunto con la Conferencia Episcopal, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, la Misión de Verificación de la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), convocó a partidos políticos, movimientos y comités de candidaturas a suscribir un pacto de compromisos éticos y democráticos para el desarrollo del proceso electoral en el país.
El documento, que busca blindar las elecciones de violencia y garantizar el respeto a la democracia, incluye ocho compromisos esenciales. Entre ellos se destacan la defensa de la vida, en particular de los adversarios políticos; la adopción de una política de no violencia; el respeto por las instituciones y las normas jurídicas; y la promoción del diálogo como vía para resolver diferencias.
“Convocamos a los actores políticos a asumir públicamente estos compromisos para que las elecciones se desarrollen en un ambiente de respeto, inclusión y no estigmatización”, señaló la Defensoría en el comunicado. También se hizo un llamado a erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres en política y a evitar el uso de discursos de odio o estrategias de desinformación, especialmente a través de redes sociales.
Uno de los puntos clave del acuerdo es la promoción del lenguaje constructivo. Los partidos y movimientos que suscriban el pacto se comprometen a abstenerse de utilizar expresiones ofensivas, racistas, agresivas o discriminatorias, así como a rechazar la estigmatización y las acusaciones infundadas contra opositores políticos.
Además, se insta a los actores políticos a garantizar la veracidad de la información difundida, desincentivar el hostigamiento digital y visibilizar el rol de la juventud en la vida democrática. El pacto también promueve la protesta pacífica como mecanismo legítimo de expresión ciudadana.
Para verificar el cumplimiento de estos compromisos, la Defensoría del Pueblo, en alianza con la Misión de Observación Electoral (MOE), implementará un sistema de seguimiento y monitoreo a nivel nacional y territorial. En caso de incumplimientos, se emitirán llamados públicos y recomendaciones respaldadas por las entidades convocantes.
Finalmente, la Defensoría invitó a las tres ramas del poder público a suscribir y respaldar el acuerdo, al igual que a la academia, los gremios y los medios de comunicación, con el objetivo de fortalecer un proceso electoral libre, pacífico y transparente.
