Un juez resolvió no imponer medida de aseguramiento preventiva a las personas que habían sido capturadas por lavado de activos. Entre ellos se encuentra Bilal Gebara, miembro de la junta directiva de la empresa.
A través de un comunicado de prensa emitido en las últimas horas, la firma de abogados De la Espriella Lawyers informó a la opinión pública que un Juez de Control de Garantías se abstuvo de cobijar con medida de aseguramiento preventiva a sus 11 defendidos por el caso Tierra Santa.
Según lo informado, el togado resolvió no privarlos de la libertad, ni en cárcel ni en residencia. “No es necesaria ni proporcional la medida en establecimiento carcelario, razón por la cual el juez no acogió la solicitud de la Fiscalía y por el contrario, les dio razón a nuestros abogados en permitir que los acusados se defiendan en libertad”, se leyó en el documento.
De acuerdo con el comunicado, en las audiencias el magistrado mencionó que “los defendidos no representan ningún peligro”, pero resaltó que no “podrían continuar con la supuesta actividad delictiva”. Cabe destacar que estas personas quedaron vinculadas a la investigación; a su vez, que de momento se desconoce cuál fue la determinación para los otro nueve procesados por las autoridades en el mismo caso.
Recordemos que las autoridades precisaron en su momento que las personas vinculadas por estos hechos fueron identificadas como Ahmad Ibrahim Gebara, Bilal Gebara Karameddin, miembro de la junta directiva, Khaled Ahmed Gebara Karameddin, Fayez Jebara Llach, Samir Jebara Llach, Khaled Saleh Sati, Hassan Feris Karameddine Mohmoud, Fayez Jebara, Eduardo Enrique Mejía Leguía, Jebara Abedal Mugden, Jamil Omais Birani, María Carolina Rodríguez Olivares, Arnaldo Villa Santana, Leonardo Antonio Bastidas Jalk, Yasaldes Joel Altamar Rojas, Orlando de Jesús Torres Sarmiento, Manuel Ignacio Villabón López, Fray José López De La Cruz, Elías José Yamhure Daccarett y Fabio León Álvarez Franco.
Por su parte, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y el director de la Policía Nacional, mayor general Henry Sanabria Cely, en declaraciones conjuntas, manifestaron anteriormente que el objetivo de la operación desempeñada en contra de Tierra Santa era “atacar” principalmente el ingreso de mercancía de contrabando al país, acción con la que se venían cometiendo otros actos ilícitos.
Para aquel entonces, el ente acusador señaló que la investigación tardó alrededor de unos 60 meses, tiempo en el que realizaron múltiples indagaciones que llevaron a la conclusión de que al menos 20 personas que integran todo el “conglomerado empresarial” fueron “responsables de ingresar al país millonarios cargamentos de textiles de contrabando”.
