Colombia parece estar atrapada en un bucle temporal donde el progreso democrático se mide en esquemas de seguridad y no en propuestas programáticas. La reciente denuncia del presidente Gustavo Petro sobre un presunto plan de atentado contra el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, basada en información de la CIA, no es solo una alerta de seguridad; es el síntoma de una patología nacional que creíamos estar superando, pero que hoy supura con más fuerza que nunca.
La gravedad de la situación no reside únicamente en la amenaza contra un hombre que lidera las encuestas, sino en el contexto de sangre que la precede. No podemos olvidar que hace apenas unos meses, en agosto de 2025, el país quedó paralizado por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Ese magnicidio, ocurrido en pleno mitin en Bogotá, rompió el cristal de una “normalidad” política ya de por sí frágil. Hoy, con la revelación de que organismos de inteligencia extranjeros tienen datos “reales y concretos” sobre un plan contra Cepeda, el miedo se convierte en el principal elector de las próximas votaciones del 31 de mayo.
Un Tablero de Polarización Extrema
El escenario electoral actual es un polvorín. Por un lado, tenemos a Iván Cepeda representando la continuidad del proyecto del Pacto Histórico; por el otro, figuras de una derecha endurecida como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, quienes también han denunciado amenazas.
Esta “democracia de las amenazas” es insostenible:
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La erosión del debate: Cuando la prioridad es no morir, la discusión sobre economía, salud o paz queda en un lejano segundo plano.
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El papel de la comunidad internacional: Es inusual y alarmante que la CIA sea la fuente primaria de estas alertas. Esto sugiere que las redes criminales que operan en el país tienen una sofisticación que desborda las capacidades —o la voluntad— de los organismos de inteligencia locales.
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La violencia como herramienta política: Los ataques a sedes de campaña, como el reciente vandalismo en la sede de Cepeda en Medellín, son los “ensayos” de tragedias mayores si el Estado no actúa con contundencia.
El Deber del Estado (y de los Candidatos)
Es imperativo que el Gobierno Nacional no solo denuncie, sino que garantice. No basta con un post en X (antes Twitter); se requieren acciones judiciales que desmantelen las estructuras detrás de estas amenazas. Si el Estado falla en proteger a Cepeda, o a Valencia, o a De la Espriella, lo que fallará será el contrato social colombiano en su totalidad.
“La democracia no es solo el derecho a votar, sino el derecho a hacerlo sin que una bala decida por nosotros.”
A medida que nos acercamos al 31 de mayo, la pregunta para la ciudadanía no debe ser solo por quién votar, sino cómo proteger el proceso mismo. La violencia política es el recurso de quienes ya perdieron el argumento. Colombia no puede permitirse regresar a las épocas donde el luto era el único resultado posible de una jornada electoral. La transparencia, la protección de la vida y el rechazo unánime a la violencia —venga de donde venga— son los únicos caminos para que estas elecciones no sean recordadas como el funeral de nuestra democracia.
¿Lograremos, como sociedad, silenciar los fusiles para que hablen las urnas? El tiempo se agota y la sombra de Miguel Uribe Turbay nos recuerda el costo de la indiferencia.
