Ronald Housny Jaller, actual gobernador de la isla, y Aury Guerrero Bowie, exgobernadora, fueron enviados a la cárcel porque habrían participado en esquema de corrupción. Deberán responder por concierto para delinquir, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Según las investigaciones de las autoridades, el modus operandi y los protagonistas son los mismos que llevaron al saqueo en Armenia.
La Fiscalía encontró irregularidades por contratos con un valor de 120.000 millones de pesos, los cuales fueron entregados a los mismos constructores, y al parecer bajo las mismas condiciones de lo que se hizo en Armenia. Por ese motivo, capturó hace algunos días a 11 personas, incluidos el suspendido gobernador del departamento, Ronald Housny Jaller y la exgobernadora Aury Guerrero.
También, se compulsaron copias para investigar la presunta participación del representante a la Cámara Jack Housny Jaller, hermano del mandatario regional.
Como ocurrió en la capital de Quindío, la red delincuencial logró, presuntamente, que se le adjudicaran contratos por alrededor de 120.000 millones de pesos. Los beneficiarios fueron los mismos constructores de Armenia, y las condiciones también habrían sido las mismas.
Según el ente de control, para quedarse con la construcción de colegios y parques en el departamento, supuestamente pagaron el 10 por ciento del valor de los contratos; la coima se habría desembolsado a los altos dignatarios del gobierno departamental. Del equipo de contratistas, los nombres que vuelven a la palestra son los de Hernán Moreno Pérez, Fernando León Díez Cardona y algunos de sus presuntos socios.
El dinero se habría pagado en las casas de los involucrados, oficinas y en vehículos oficiales. Los contratistas son señalados de haber entregado el valor pactado a intermediarios quienes serían los encargados de repartir las coimas a los mandatarios y algunos funcionarios, que presuntamente manipularon las licitaciones públicas y descartaron a otros oferentes con el pretexto de que no cumplían los requisitos de ley.
En este nuevo capítulo criminal, repite el empresario Hernán Moreno Pérez, dueño de Furel, compañía de ingeniería eléctrica, también impulsor de campañas políticas. La firma es una de las mayores contratistas de EPM y UNE y tiene prestación del servicio de energía eléctrica de San Andrés. Moreno Pérez tiene detención domiciliaria.
Uno de los contratos que más indignación causa en la isla, es el relacionado a la construcción del Centro de Educación Media Diversificada (Cemed) Antonia Santos. El contrato fue suscrito el 23 de diciembre de 2014 por un valor de 50.000 millones de pesos y las obras deberían entregarse a la comunidad en diciembre de 2015. Hoy, después de cuatro años, la construcción no alcanza el 50 por ciento de su ejecución.
“Los testimonios, el material probatorio y la evidencia física en poder de la Fiscalía, darían cuenta de que para este proyecto de megacolegio el constructor, diseñador e interventor pertenecían a una misma firma, que era liderada por los señores Hernán Moreno Pérez y Fernando León Díez Cardona, como se presentó en el desfalco a los recursos de valorización en Armenia”, dijo la Fiscalía.
“Para este proyecto de megacolegio el constructor, diseñador e interventor pertenecían a una misma firma, que era liderada por los señores Hernán Moreno Pérez y Fernando León Díez Cardona”, Fiscalía.
