En el reciente debate público, la justicia ha vuelto a ocupar un lugar central, no solo por su función inherente en la sociedad, sino también por el modo en que es percibida e instrumentalizada desde la esfera política. *Cuando el presidente Gustavo Petro, desde su cuenta de X (anteriormente Twitter), parece comparar distintos procesos judiciales, se abre un espacio de preocupación. Este tipo de declaraciones, que parecen intervenir en decisiones judiciales, refuerzan la percepción de un doble rasero:* se aplauden fallos que se alinean con una postura política e ideológica, mientras que se critican aquellos que no. Esta dinámica es alarmante porque desdibuja la línea entre la función de gobernar y la de juzgar.
*Para muchos, el caso del expresidente Álvaro Uribe ha sido el ejemplo más visible de esta tensión. La reciente absolución del abogado Diego Cadena del cargo de soborno en el caso de Carlos Enrique Vélez genera preguntas fundamentales sobre el proceso.* Si la justicia determinó que no hubo soborno por parte del abogado, es difícil sostener la idea de que hubo un “determinador”. Este hecho no es un detalle menor; es una pieza clave que desarticula la base de la acusación.
La defensa del expresidente Uribe ha insistido en que él no tenía conocimiento de ciertas acciones de sus abogados, un punto que también fue mencionado durante el juicio. La supuesta búsqueda de una retractación por parte de la defensa a Juan Guillermo Monsalve no fue un acto clandestino. *De hecho, se ha argumentado que la única instrucción que dio Uribe fue que se hiciera de manera pública, una directriz que, según se ha comprobado, nunca se materializó. Este hecho sugiere una intencionalidad de transparencia, no de engaño. Si Uribe hubiera querido manipular el proceso, no habría insistido en la publicidad de los actos.
*Además, el expresidente ha sido objeto de más de 20 mil interceptaciones ilegales, en las que, según se ha reportado*, siempre insistió en que la justicia investigara y que se dijera la verdad. Esto refuerza la idea de una persona que buscaba un proceso judicial, no una manipulación del mismo.
Finalmente, es crucial recordar que la libertad mientras se resuelve una apelación no es un privilegio político, *es un derecho fundamental. En una democracia, nadie debería ser privado de la libertad de manera preventiva a menos que sea absolutamente necesario, y en un caso como este, la presunción de inocencia debe prevalecer.*
*El expresidente Uribe, como cualquier otro ciudadano, merece un juicio justo, libre de presiones políticas y manipulaciones ideológicas*. La justicia debe actuar de manera imparcial y objetiva, basándose en pruebas y no en narrativas. La integridad del sistema judicial colombiano está en juego. Debemos defender la autonomía de la justicia para que pueda hacer su trabajo sin interferencias.
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