El viceprocurador Silvano Gómez Strauch advirtió este jueves que el “desacato” del canciller Álvaro Leyva, suspendido por tres meses de sus funciones por el ente de control, y del presidente Gustavo Petro, de la decisión de la Procuraduría, “atenta contra el Estado de Derecho”.
“El abierto desacato del canciller y el presidente de la República de la decisión de la Procuraduría General de la Nación atenta contra el Estado de Derecho, la Constitución y la ley y sienta un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional”, advirtió el funcionario.
Y agregó el viceprocurador en este sentido: “Nuestra Constitución Política establece un marco imperativo que rige la estructura del Estado y la designación de sus autoridades y órganos de control. Por lo tanto, estas, actuando en representación de los ciudadanos, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Carta Política y las leyes, pues ese es el fundamento sobre el cual descansa el Estado de Derecho”.
Advirtió por ello que si esas mismas autoridades elegidas democráticamente desvían su conducta de esos principios, debilitan la Constitución, erosionan las bases de su legitimidad, entran en el ámbito de la arbitrariedad y en el deterioro del orden jurídico: “La Procuraduría General de la Nación ratifica que, como órgano de control y representante de la sociedad, es la responsable de la defensa del ordenamiento jurídico y de su acatamiento por parte de todos los servidores públicos”.
Esto luego de que se conociera que al menos 11 decretos firmó en las últimas horas Leyva a pesar de estar suspendido.
En los decretos se oficializaron nombramientos como los de Alfredo Molano Jimeno, consejero de Relaciones Exteriores en la Embajada de México y el traslado de Lorena Arboleda desde Venezuela, hacia Estados Unidos para ejercer como cónsul de Colombia en San Francisco.
Sin embargo, no serían los únicos documentos firmados por el canciller Leyva luego de su suspensión. El pasado 26 de enero llegó al Congreso de la República un cuestionario firmado por el ministro y que había sido formulado por el representante del Centro Democrático, Edinson Vladimir Olaya.
Lo que causó polémica fue que este documento llegó con la firma dos días después de que la Procuraduría notificara al presidente Gustavo Petro la suspensión por tres meses del canciller, por lo que dejaría entrever que siguió ejerciendo funciones.
El cuestionario con 16 preguntas y presentado por Olaya se hizo para indagar por cuál fue la gestión de Leyva y las medidas que tomó la Cancillería en medio del proceso de licitación de los pasaportes.
La semana pasada la Procuraduría profirió cargos y suspendió por tres meses a Leyva por “declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal” y por “decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”.
Petro, por su lado, afirmó poco después: “Al canciller lo suspenden porque fue capaz de frenar un cartel de la contratación. Una sola empresa privada, cuyos propietarios fueron cuestionados legalmente, maneja pasaportes, elecciones, migración y peajes. La misma empresa cuyo software de escrutinios electorales fue cuestionado por el Consejo de Estado”.