El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez y la ministra de justicia, Gloria María Borrero, prohibieron el porte y el consumo de productos sicoactivos en espacios públicos, para proteger a los niños y jóvenes que son víctimas de la oferta clandestina de productos alucinógenos, que están causando enorme daño en la salud mental de las nuevas generaciones.
El nuevo Código de Policía establece esa prohibición, que se perfecciona con el decreto presidencial, que dispone mayores controles en la producción y consumo de estupefacientes como la cocaína, la marihuana, la amapola, la heroína, el látex y todos los elementos químicos que se utilizan en el procesamiento de los estupefacientes.
Colombia tiene más de un millón de consumidores de estos productos, que están destruyendo la mente humana y convirtiendo en esclavos del vicio a estudiantes de colegios y universidades.
El decreto presidencial ordena penas de prisión para las mafias de micro-traficantes, que han creado poderosas redes de distribución de alucinógenos. A partir del decreto presidencial, nadie puede consumir estupefacientes en lugares públicos ni portar siquiera la dosis mínima de que trata de una legislación que les abrió las compuertas a las mafias.
