El procurador arremetió contra la reglamentación expedida por el Presidente que permite a los funcionarios hacer campaña abiertamente.
Una polémica se desató después de que el presidente Juan Manuel Santos emitiera la directiva presidencial número 05, por medio de la cual reglamenta la participación de los funcionarios públicos en el plebiscito por la paz.
De acuerdo con esta directiva, los funcionarios podrían hacer abiertamente y sin restricciones campaña por cualquiera de las opciones al plebiscito, e incluso utilizar recursos públicos del Estado. El texto precisa que las restricciones legales vigentes sobre utilización de recursos públicos en campañas no se aplicarán para el caso de “el ejercicio de difusión y divulgación de la paz como valor supremo de la sociedad”.
El documento establece que el dinero público que entre a las campañas por el ‘sí’ y el ‘no’, tendrá como límite los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral la semana pasada.
El texto también “garantiza la igualdad al acceso de dichos recursos por cualquiera de las dos opciones”. Esto significa, en la práctica, que los gobernantes de las diferentes administraciones podrán destinar recursos a la promoción de la campaña que ellos escojan.
La reglamentación también permite a los servidores públicos “portar y desplegar signos alusivos a la paz, tales como el Sí a la Paz”. Y “pronunciarse públicamente en favor de la paz, en cualquier momento y sin restricción alguna”.
Al respecto, el procurador general Alejandro Ordóñez, cuya función es ejercer control sobre los funcionarios públicos, criticó con dureza la reglamentación.
Argumentó que la directiva constituye una “descarada violación al ordenamiento jurídico y es una invitación del presidente para que violen la ley”.
Para el jefe del Ministerio Público, “la orden del Presidente a todos los servidores públicos de utilizar bienes del Estado y recursos públicos para la campaña del plebiscito es un abuso de poder orientado a imponer, por todos los medios, legales e ilegales, la decisión compartida del Gobierno y de las Farc”.
Además, Ordóñez anunció que expedirá un documento en el que precisará las condiciones en que los servidores públicos pueden participar en el plebiscito.
No se vota por la paz. Por otra parte, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, afirma que en el texto que expidió Santos hay una confusión frente al objeto de la campaña.
“Lo que se va a votar no es el derecho a la paz, sino por un acuerdo en concreto cuyo título incluye la frase ‘para una paz estable y duradera’”, afirma. Recuerdó que la Corte Constitucional ya se pronunció sobre esta diferencia en el fallo que avaló el plebiscito.
La veedora también expresó un reparo al texto cuando permite que los funcionarios porten logos alusivos al ‘sí a la paz’. Se preguntó si también tendrían derecho a ponerse un pin que diga ‘voto no’ o ‘apoyo la paz pero voto no’. “¿Tiene derecho ese funcionario público a hacerlo?”, dijo.
Y añadió que la reglamentación “termina generando una confusión en algo que la Corte Constitucional dejó perfectamente claro”.
