Después de una agitada vida pública, durante la cual ejerció labores en el magisterio del departamento de Santander y se convirtió en dirigente sindical de los educadores, Luis Alberto Gil Castillo, nacido en el corregimiento de Cite (municipio de Barbosa), se convirtió en activista de las guerrillas del Movimiento Diecinueve de Abril (M19), que se reinsertaron a la vida civil, después del holocausto del Palacio de Justicia.
Gil Castillo era coordinador de la red urbana de ese movimiento subversivo y logró el beneficio de la amnistía, concedido por el gobierno del ex presidente Virgilio Barco Vargas. Vinculado a la actividad política, contribuyó a la creación del Movimiento Convergencia Ciudadana, que luego se convertiría en el Partido de Integración Nacional (PIN) y finalmente, en el Partido Opción Ciudadana, en liquidación por los bajos resultados de las últimas elecciones parlamentarias.
Derrotado en las urnas obtuvo, junto con su esposa Doris Vega Luna, el reconocimiento de la pensión parlamentaria, recursos suficientes para llevar una vida tranquila y holgada. Estuvo privado de la libertad por presunta alianza con grupos paramilitares de Santander y, superada la pena que le impuso la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, volvió a participar en actividades electorales como cabeza visible de Opción Ciudadana.
Las nuevas circunstancias de su vida, derivadas de una presunta receptación de dineros para entorpecer procesos penales de la llamada ‘Justicia Especial para la Paz’, y de actuar como protagonista en la entrega de quinientos mil dólares al exfiscal Carlos Julián Bermeo, en compañía del empresario Luis Orlando Villamizar, para salvar al ex jefe guerrillero de las FARC, alias ‘Jesús Santrich’, agravada su situación con una medida de aseguramiento intramuros, el ex senador Luis Alberto Gil comienza a recorrer, en manos de la justicia colombiana, un largo camino que lo puede conducir en extradición a los Estados Unidos, para que testifique sobre la posible existencia de una organización criminal creada por las FARC para exportar cocaína.
Como era costumbre en las guerrillas del Movimiento Diecinueve de Abril, el ex senador Luis Alberto Gil aprendió a producir acciones descomunales, al lado de otros santandereanos que abrazaron la lucha armada, como el médico y ex parlamentario Carlos Toledo Plata y como el licenciado Gerardo Ardila Serrano, con el apoyo logístico de algunos miembros del Sindicato de Educadores de Santander (SES), que actuaron en las tomas guerrilleras del M-19 en regiones del Cauca y especialmente en Cali, de donde es oriundo el ex fiscal Carlos Julián Bermeo, miembro activo del partido Opción Ciudadana, envuelto en el escándalo.
En la agitada lucha sindical y política del ex parlamentario Luis Alberto Gil Castillo, ha contado siempre con el apoyo de su esposa, la licenciada Doris Vega Luna, que hubo de representar las banderas amarillas de Opción Ciudadana en el Senado de la República, y que ahora, rezagada por la derrota que sufrieron en las urnas, puede disfrutar de la pensión de jubilación que le fue reconocida por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.
Varias preguntas surgen de este cruel episodio de la vida política colombiana, en la que un ex directivo del Sindicato de Educadores de Santander (SES), como Luis Alberto Gil Castillo, puede protagonizar varios capítulos de su inexplicable y controvertida conducta ante una sociedad que registra con sorpresa y con reproche el cambio de luces y la tormenta que produce al interior de una organización electoral creada en esta zona del país, su paso por el magisterio, por las guerrillas y por los grupos paramilitares, para salir con vida pero sin libertad, en la trágica historia de este personaje que fue capaz de crear un nuevo partido político y alcanzar una alta representación, que se esfuma en los escenarios de la democracia colombiana.
¿Qué necesidad tenía de volver a los tormentosos días de su permanencia en la clandestinidad, como alcahuete de las pretensiones de libertad del ex comandante de las FARC, ‘Jesús Santrich’ y como cómplice de un fiscal corrupto, Carlos Julián Bermeo, que se prestaba al manoseo de jueces y magistrados, para volver añicos su vida y la de su familia, en esta tormentosa coyuntura de la mal llamada ‘Justicia Especial para la Paz’? Con 75 años a cuestas, el exsenador Gil Castillo vuelve a estar en la picota pública.
