Cada año se registra un paro de camioneros en el país y desde el año 2001 los transportadores cesan porque en las mesas de negociaciones, el gobierno y las Asociaciones exponen los mismos problemas: fletes, repuestos, combustibles, peajes, programas sociales y chatarrización.
El Estado y las directivas les deja el problema al pueblo colombiano que tiene que asumir los costos en cada paro de carga que hacen a los largo y ancho del país, la flota de camiones, sin que se tenga en cuenta la seguridad alimentaria y los costos que genera la protesta.
En Colombia existen ceca de 397.000 camiones que mueven la mayor parte de las importaciones y exportaciones desde y hacia los principales puertos sobre el caribe y el pacífico. El transporte de alimentos a los diferentes centros de abastos de la ciudad, en iguales condiciones los campesinos tienen que asumir las pérdidas de los productos perecederos y el gobierno guarda silencio, porque el monopolio del transporte se impone.
Una historia que se repite y seguirá repitiendo desde que se acabaron los ferrocarriles nacionales que llevaban la carga a bajos costos y que por la misma corrupción se terminó, para darle paso al negocio de las importaciones de tractomulas, autopartes, los combustibles y la construcción de carreteras con sus peajes.
Sobre el trípode: Ejecutivo, Legislativo y judicial, nuestro Estado Colombiano vive del pueblo que tiene que asumir, los errores, la ignorancia y la estupidez de quienes gobiernan.
Leyendo la ley 336 de 1996, se debe regular por medio de un índice de precios o índice de costos los acuerdos pactados entre el trasportador y quien contrata el servicio. Los fletes deben responder a una política tarifaria del transporte de carga terrestre, las cuales no se han cumplido y se imponen al libre arbitrio de las partes.
Lo que les importa es que los precios de la canasta familiar suban: Alimentos, medicinas, pescados, carnes y huevos, a la par peajes, los más caros de américa latina.
Santander siempre vive padeciendo estos paros con una factura de cobro con índices de inflación que afecta a las familias pobres y de estratos medios. Como lo decía antes llevamos 15 años golpeados por el gremio trasportador, presentando las mismas 18 propuestas en las negociaciones con una sobre oferta de 20 mil camiones por los cuales se pagó para que salieran en la chatarrización y continúan rodando por las carreteras.
Si están negociando la paz en la Habana, por dejación de las armas, en el interior del país la negociación del hambre es más complicada si los mismos empresarios y el estado le chupan la sangre al pueblo con los generadores que se dice de crecimiento de la economía, cuando vamos es en un retroceso.
Durante 28 días la parálisis del trasporte pesado dejó de movilizar 9 millones de toneladas según Confecar y una pérdida de 2 billones de pesos, pérdidas que asumen los hogares Colombianos que sienten los golpes en los precios de los alimentos básicos.
Según unos medios que ha escuchado a los camioneros, estos piden que se aumente los recursos para el fondo de chatarrización, recursos que están por más de 1.1 billones de pesos, plata que no se sabe en qué bolsillo está. Todo producto de las mismas volteretas y la corrupción de muchos funcionarios públicos del ministerio de transporte.
Situación que jamás cambiará, si no se toman otras alternativas para el trasporte, ya sea el férreo o fluvial, el cual minimiza costos en los fletes. Sin pensar tanto en las vías de concesiones 4G que arruinarán al país.
Columna de Luis Eduardo Jaimes Bautista, poeta y escritor
