Hasta 400 SMLV podrían pagar quienes no los afilien. En Colombia, casi 1 millón de personas son trabajadores de servicio doméstico. Contar con el privilegio de tener ayuda en casa de empleados de hogar tales como niñeras, empleados de aseo y cocina o un conductor, entre otros, en nuestro país conlleva unas responsabilidades que de no cumplirse pueden generar dificultades económicas y jurídicas a los empleadores.
A corte enero de 2018, sólo se le pagaba lo dictado por ley al 14% de los empleados domésticos y quizá uno de los factores es la falta de conocimiento de cómo efectuar el pago correctamente. Para saber cuánto pagarle a una empleada doméstica en Colombia, hay que diferenciar su modalidad de contrato, pues puede ser interna, externa y por días.
El salario mensual de una empleada no puede ser inferior al salario mínimo, que para 2019 es de $828,116 exceptuando si trabaja por días, cuyo salario diario no puede ser menor al mínimo diario que es de $27.604.
El sueldo puede ser cancelado en dinero o en especie (alimentación, habitación, vestuario diferente a la dotación). Sin embargo, el valor en especie no puede ser superior al 30% del salario, es decir, el equivalente a $248.434 para un salario mínimo.
En conclusión, para pagar correctamente a una empleada de tiempo completo, se deberá disponer de, aproximadamente $1.348.821 pesos mensuales, asegurando su seguridad social y todas las prestaciones de ley.
“Pagarles correctamente a las personas que cuidan lo que más nos importa, como son nuestros hijos o nuestra casa, es una inversión y un reconocimiento a la ley, entre todos podemos construir un país más justo y de mayores oportunidades para todos”, comenta Saula García, Cofounder de Symplifica.com, que ha formalizado el trabajo de 6.500 trabajadores domésticos mejorando así la relación empleador-empleado.
Symplifica, que además ofrece soluciones como la elaboración de un contrato, alertas para recordar pagos y una APP para la gestión del día a día de los empleados domésticos, niñeras y demás empleados de casa, es una solución práctica y económica para ofrecerle al empleado lo que la ley exige y evitar trámites legales y judiciales al contratante.
