Este artículo reflexiona sobre la incidencia negativa de la contratación de publicidad oficial con medios y periodistas, además de las afectaciones que puedan generarse de esa relación en términos de autocensura y libertad de expresión.
En Popayán es común que las entidades del Estado contraten directamente con periodistas la emisión de mensajes institucionales y contenidos sobre la gestión de los funcionarios públicos, el problema es que no existen parámetros objetivos para la asignación de esa contratación y termina siendo una feria de premios y castigos.
El artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (OEA, 1969, p. 6) sienta las bases de lo que debe ser la libertad de pensamiento y expresión, con especial énfasis en la protección a la búsqueda, recepción y difusión de información.
De igual manera, la Convención prohíbe la restricción de estos derechos por medio de cualquier mecanismo, proveniente de organismos oficiales y privados.
Según la Asociación para los Derechos Civiles (ADC, 2008), el temor es uno de los factores que los periodistas advierten como impedimento para denunciar públicamente hechos que causan la autocensura o imponen restricciones al tratamiento de la información oficial. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (citada en El Tiempo, 2016) sostiene que en Colombia uno de cada 4 medios de las regiones se autocensura por temor a la acción de los violentos. Los periodistas consultados para ese informe aseguran que prefieren autocensurarse frente al tratamiento de temas sobre corrupción, orden público y conflicto armado, para evitar riesgos a su integridad.
También se revela que los medios consultados obtienen un 40% de sus ingresos de la pauta publicitaria del estado, lo que supone un condicionamiento a su independencia periodística.
Es el momento de reflexionar que es la autocensura, una amenaza sin tregua y esto se vive en muchos entes de la ciudad de Popayán donde los ataque son frecuentes a tal punto de atacar la familia y la honra de los periodistas.