Con el propósito de que el Sisbén refleje una verdadera justicia social, el Gobierno nacional aprobó una profunda reforma a ese sistema de información que se usa para otorgar subsidios de diversa índole a los ciudadanos más pobres del país.
El objetivo de la reforma, aprobada este lunes por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), es que el Sisbén refleje el puntaje que de verdad merece cada persona registrada en el Sistema.
Además, se busca evitar que personas inescrupulosas obtengan de manera irregular puntajes bajos para colarse en la fila y acceder a subsidios que no necesitan, quitándoles la oportunidad a ciudadanos más pobres de tener los beneficios que otorgan 20 programas distintos del Estado como ‘Ser pilo paga’, ‘Más Familias en Acción’, ‘Adulto mayor’, entre otros.
Con corte a agosto de 2016, en el Sisbén había 35,8 millones de personas validadas y 384.000 adicionales coladas, es decir, tenían puntajes muy bajos frente a su realidad económica y social.
Frente a la deficiente calidad de los datos registrados en el Sisbén, se propone un ajuste normativo que permita sancionar a quienes manipulen la información para obtener beneficios.
Actualmente, la denuncia ciudadana no tiene consecuencias para la población ni para los funcionarios, situación que debe cambiar con la reforma, de las 62 anomalías reportadas por la gente en el último año, ninguna ha tenido efectos legales.
Castigos a tramposos
Con la reforma aprobada se busca que las personas registradas en el Sisbén tengan el puntaje que merecen con base también en sus ingresos y no solo tomando como referencia el entorno en el que viven (vivienda, salud, educación y vulnerabilidad) como sucede hoy.
La reforma también busca que los colados del Sisbén sean castigados, sacándolos del sistema y quitándoles los subsidios que hayan obtenido de manera irregular con mentiras sobre su situación económica y social.
Además, los tramposos afrontarán procesos legales, lo que también cobijará a los funcionarios públicos que permitan la ocurrencia de irregularidades para otorgar puntajes bajos cuando las personas no los merezcan.
Con la reforma al Sisbén se busca firmar un contrato social en el que el Gobierno se compromete a mantener los subsidios por un lapso de tiempo fijo sin importar si el puntaje de la persona sube por el uso de la nueva metodología de cálculo que se implementará. En ese contrato social, las personas deben decir la verdad sobre situación económica para acceder al beneficio.
Esta estrategia, que ha sido exitosa en países como Chile, ya se comenzó a implementar en el programa ‘Ser Pilo Paga’. El joven que se beneficie de esta ayuda del Gobierno Nacional tiene la garantía de mantener la beca durante todo el periodo de estudios, siempre y cuando se mantenga en el programa académico correspondiente.
Además del contrato social como columna vertebral de lo que será el Sisbén IV, el CONPES dio vía libre a los instrumentos que acompañarán su implementación y que tienen ver, entre otros, con una nueva metodología que corregirá errores de exclusión de personas que verdaderamente necesitan las ayudas del Gobierno.
Así, por ejemplo, el puntaje de un hogar que se vea afectado por el desempleo de alguno de sus miembros podría bajar para permitirle acceder a los beneficios que ofrece el Estado. De acuerdo con el DNP, por errores de exclusión de la actual metodología, alrededor de 3,7 millones de personas pobres se encuentran por fuera del régimen subsidiado en salud.
Se corrigieron errores
La reforma al Sisbén también busca ajustar variables que se tienen en cuenta en el cálculo del puntaje. La idea es evitar situaciones como que algunas personas con ciertas comodidades, que viven en barrios legalizados, dicen que tienen nivel uno y 18 puntos, muy por debajo de quienes viven en una casita de un asentamiento. Por ejemplo, quienes viven junto al río, que a veces tienen una casa encerrada con un plástico y con unas tablas, pero que por tener un televisor y un equipo, les sube el puntaje.
Por eso, el Sisbén debe identificar a aquellos que requieren ayuda del Estado sin penalizar a quienes, con esfuerzo, logran mejorar sus condiciones de vida. La reforma aprobada permitirá, además, calcular el puntaje de manera diferenciada entre territorios.
Con el mismo objetivo de mejorar la calidad de la información, la reforma aprobada mejorará la identificación del Sisbén. Actualmente, el DNP hace cruces con bases de datos del FOSYGA y de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP) y, gracias a ello, ha logrado identificar 384.000 casos de inconsistencias (colados) a agosto de 2016.
En adelante se espera realizar cruces con 24 bases de datos de entidades nacionales. Para verificar la veracidad de la manipulación que se identifique, la reforma permitirá realizar verificaciones directamente en los hogares y veedurías con el apoyo de los ciudadanos.
Formalización laboral y acceso a salud
La reforma al Sisbén busca también estimular la formalización laboral debido a que muchas personas tienen el temor infundado sobre la supuesta pérdida de subsidios si son afiliadas al régimen contributivo de salud.
El Gobierno realizará un estudio que analice la pertinencia de mantener o no el Sisbén como instrumento de focalización para el Régimen Subsidiado en Salud.
El cronograma de implementación del Sisbén IV prevé el levantamiento de información de los hogares en 232 municipios durante 2017. En 2018 el barrido llegará a 358 municipios adicionales y el levantamiento de los 512 municipios restantes se adelantará durante el 2019.
El proceso será suspendido entre enero y julio de 2018, con el fin de prevenir casos de manipulación durante la jornada electoral.
El barrido tendrá un costo de 132.000 millones de pesos, de los cuales 70.000 millones serán aportes de la Nación y los 62.000 millones de pesos restantes corresponden a aportes de los municipios.
