Durante el último año el proyecto de ley de consultas previas no ha tenido el movimiento que todos esperaban en el Congreso. Esa situación hace temer a varios de sus protagonistas y promotores que la iniciativa podría terminar con un ‘entierro de tercera’.
Luego de la presentación por parte del Gobierno, en diciembre pasado, de un primer texto para discusión entre empresarios, gremios y comunidades étnicas en las que están representados los indígenas, afrodescendientes y población rom –gitanos–, hasta ahora el proyecto se ha cambiado seis veces y su discusión sigue abierta porque en cada nueva versión se retoman temas que parecían superados en la anterior.
La consulta de la última incluso está suspendida desde mediados de septiembre, luego de que el Ministerio del Interior recibiera una carta de los gremios del petróleo, la minería, la energía e incluso la infraestructura, con nuevos reparos que motivaron a otra revisión de la iniciativa.
Aunque en las últimas dos semanas ya se han realizado tres reuniones técnicas para incorporar las nuevas observaciones, en algunos temas no se han logrado avances. Esto podría torpedear los planes del Gobierno de lograr la aprobación de este texto durante la primera parte de la legislatura, que arrancó el 20 de julio y termina el 16 de diciembre. Por tratarse de un proyecto de Ley Estatutaria, esta iniciativa debe quedar aprobada en dos vueltas de Cámara y Senado durante la misma legislatura; es decir, antes del 20 de junio de 2018.
Al paso que lleva la actual discusión, pocos creen que el proyecto se apruebe pues a las dificultades para lograr un acuerdo entre empresarios y comunidades, se suma el inicio de la actividad electoral de cara a las presidenciales de 2018 y el escaso margen de maniobra del Gobierno, que ya termina su periodo en diez meses.
El proyecto busca reglamentar un derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional que ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte del sector privado ya que –dicen gremios y empresarios– se ha prestado en ocasiones para abusos y presiones indebidas y ha sepultado algunas obras o generado sobrecostos en muchas otras.
El proyecto de ley define el procedimiento para que las comunidades étnicas sean consultadas cuando el sector privado busque desarrollar proyectos que tengan impacto en poblaciones asentadas en las zonas aledañas, y cuyas concesiones o permisos han sido otorgados por el Gobierno. También establece una nueva institucionalidad con la creación de una Agencia que se encargará de tramitar, organizar y verificar el cumplimiento de las consultas.
Los empresarios, comunidades y Gobierno coinciden en la importancia de poner orden en el tema, fijar reglas claras de juego y dar certeza jurídica a la ejecución de obras que tienen algún impacto, pero tienen diferencias como la pertinencia de crear una nueva burocracia, que generaría mayores costos a los proyectos.
Si bien son varios los reclamos del sector empresarial al proyecto de Ley, el verdadero ‘Florero de Llorente’ tiene que ver con la posibilidad de veto de la comunidad a los proyectos que busca adelantar el sector privado. Por eso, los gremios insisten en que esta ley dé total claridad en el tema y garantice la seguridad jurídica sobre las inversiones.
También los plazos para sacar adelante este proyecto de ley y ‘la consulta a la consulta’ generan preocupación. Hasta el momento, las demoras en el trámite de analizar la iniciativa han demostrado que muchas veces lo perfecto riñe con lo bueno.
Esta era una de las grandes preocupaciones de los gremios desde 2014, cuando le advirtieron al entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sobre la importancia de verificar los tiempos para lograr poner orden a un tema que está generando caos, sobrecostos y demoras en obras que son vitales para el desarrollo del país.
El Gobierno no pierde la esperanza de lograr la aprobación de la iniciativa y bajo la batuta de su viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, insiste en lograr consenso en torno al nuevo articulado, por la importancia que tiene para el desarrollo nacional.
“La intención del Gobierno es avanzar en la concertación y presentarla con mensaje de urgencia. Pero es importante que desde el sector empresarial fijen una posición y cierren el proceso. No es interés del Gobierno imponerlo ni a las comunidades ni a los empresarios”, dijo el viceministro.
En medio de las tensiones generadas por los distintos intereses, el Gobierno tendrá que mediar y acelerar el paso para conseguir la aprobación de esta ley.
Actualmente el impacto de las consultas populares en hidrocarburos se ha generado que en 35 municipios de 13 departamentos quieran consultar la posibilidad de hacer explotación minera. Los casos más críticos con seis en Casanare; seis en Meta; siete en Arauca.
