Lo ocurrido el pasado 15 de abril en los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó no es solo un dato más en la estadística de la violencia en el Valle del Cauca; es un ataque directo al futuro. El secuestro de cuatro jóvenes a manos del Frente Jaime Martínez (disidencias de las FARC) confirma una realidad dolorosa: en las zonas rurales de Jamundí, la libertad es un lujo que los grupos armados arrebatan a punta de fusil.
La advertencia de la Defensoría del Pueblo es clara, pero el eco de su preocupación parece chocar contra un muro de inacción institucional. Cuando hombres armados irrumpen en una comunidad para llevarse a su juventud, no solo están privando de la libertad a individuos; están fracturando el tejido social y enviando un mensaje de control absoluto sobre el territorio.
El Costo de la Indiferencia
Resulta alarmante que, a pesar de existir herramientas como la Alerta Temprana 005 de 2024, la respuesta del Estado siga siendo reactiva y no preventiva. Los puntos clave de esta crisis son:
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Vulnerabilidad Territorial: Villa Paz y Quinamayó se han convertido en corredores estratégicos donde la ley la impone el Estado Mayor Central de alias “Iván Mordisco”.
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Ataque al Proyecto de Vida: Como bien señala la Defensoría, estos actos limitan el derecho a la educación y al desarrollo. Un joven que teme ser llevado no asiste a clases, no emprende y, finalmente, huye de su tierra.
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Inoperancia de los “Gestos de Paz”: Mientras el grupo armado se autodenomina actor político, sus acciones en el terreno —secuestro e intimidación— son violaciones flagrantes al Derecho Internacional Humanitario.
Una Exigencia Sin Condiciones
No podemos acostumbrarnos a que el paradero de nuestros jóvenes sea “por confirmar”. La exigencia a la Fiscalía y al Gobierno Nacional no debe ser simplemente una nota de prensa; debe traducirse en operaciones de búsqueda efectivas y en una presencia estatal que vaya más allá del uniforme militar, llevando justicia y protección real.
La liberación de estos cuatro jóvenes debe ser inmediata y sin condiciones. Si el Estado Mayor Central pretende hablar de paz, debe empezar por respetar la vida de quienes nada tienen que ver con su guerra. Jamundí no puede seguir siendo el epicentro de una tragedia que parece no tener fin. La pregunta es: ¿cuántas alertas más necesitamos para que la protección de la juventud sea una prioridad nacional y no un simple trámite burocrático?
