Un duro revés para el Centro Democrático se dio este miércoles en la Corte Constitucional. Los próximos tres gobiernos tendrán que respetar el acuerdo de paz pactado con las Farc. Así lo estableció el alto tribunal, al tomar una decisión unánime con la que avaló el acto legislativo 02 del 2017 que blindó el texto discutido y avalado por el Congreso.
La decisión es clave para el futuro del proceso de paz ya que establece que futuros gobiernos y las diferentes instituciones deben cumplir y mantener los puntos del acuerdo relacionados con el derecho internacional humanitario y los derechos fundamentales. Esto impede que sectores políticos que no están de acuerdo con el proceso de paz, como el uribismo, puedan poner en riesgo lo acordado con la antigua guerrilla.
La ley también estableció que “las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final”.
Esto implica que gobiernos futuros no podrían modificar, por ejemplo, la forma como se juzgará a la guerrilla en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su participación en política, o la forma de reparación a las víctimas, temas que han generado polémica.
El consenso al que llegaron los magistrados consistió en determinar que si bien es cierto que el acuerdo no hace parte de la Constitución, sí debe ser considerado una política de Estado que debe respetarse y debe ser tomada como un referente.
También determinó que las normas de implementación y desarrollo del pacto de La Habana deben tener una conexidad con los contenidos del acuerdo, además de que deben ajustarse “a los fines del acuerdo final que correspondan con tales contenidos”.
En su producción legislativa, si bien el Congreso puede modificar las leyes de paz (determinación que la Corte ya había tomado en una anterior decisión, cuando limitó el uso del fast track), esos cambios deben preservar las finalidades que buscó el acuerdo.
El alto tribunal también determinó que la obligatoriedad de cumplir el acuerdo implica que las instituciones del Estado hagan sus mejores esfuerzos para desarrollar lo pactado con las Farc, manteniendo un margen de libertad para elegir el medio con el cual se le dará vida a las normas de paz, sobre todo en aquellas en las que hay ciertos vacíos en el acuerdo.
Según el magistrado Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Corte, impone a los órganos y autoridades del Estado “el cumplimiento de buena fe de los contenidos y finalidades del acuerdo final, para lo que en el ámbito de sus competencias gozan de un margen de apreciación para elegir los medios más apropiados para ello en el marco de lo convenido con el principio de progresividad”.
La seguridad jurídica por 12 años es necesaria para que el acuerdo de paz tenga un buen término. “Dar un principio de estabilidad de lo acordado hasta finalizar tres periodos presidenciales es deferente con la finalidades del acuerdo y hace posible su implementación”, dijo Guerrero.
