En Colombia existe todo un marco jurídico dirigido a promover la participación política de las mujeres, que entre sus medidas establece: i) una Ley de Cuotas para cargos administrativos y de elección popular; ii) incentivos en financiación a partidos por mujeres electas e; iii) incentivos para la creación de escuelas políticas incluyentes en género. No obstante, para las mujeres, ejercer roles de liderazgo y representación continúa siendo un camino lleno de barreras y obstáculos, uno de ellos: la violencia política.
La participación de las mujeres en roles de liderazgo político, social y comunal ha venido aumentando en las últimas décadas. Ello se debe, en parte, a las acciones afirmativas que se han implementado para promover la presencia de mujeres en cargos de elección popular y en espacios de representación. Sin embargo, así como ha acrecentado la participación de las mujeres, también ha habido un incremento en las violencias en su contra.
Gracias al monitoreo que la MOE ha venido realizando con un enfoque diferencial, hemos podido evidenciar que las mujeres no solo son víctimas de hechos violentos en razón a su papel como lideresas. También sufren ataques en razón de su género, lo que se convierte en un obstáculo adicional que debe ser analizado y enfrentado de manera particular.
La violencia contra las mujeres en política en una manifestación en la que confluyen elementos de la violencia política y de la violencia basada en género. La violencia política, en general, es entendida como aquellas acciones que tienen como fin alejar o disuadir a las personas de ejercer liderazgos políticos.
Violencia política creció en el contexto electoral
Con un saldo de 90 agresiones, el 2022 se ha posicionado como el tercer año más violento para las lideresas políticas, sociales y comunales del país. Dicha cifra rompe con la tendencia de incremento en los hechos de violencia que se venían registrando casi de manera ininterrumpida desde el 2018.
No obstante, constituye un motivo de preocupación pues no representa una reducción
significativa de la violencia y no responde a la adopción de medidas de prevención y protección por parte del Estado, por lo que no hay garantías de que se mantenga.
De hecho, es necesario enfatizar en dos puntos: i) los 90 registros de 2022 representan un incremento del 60.7% frente al 2018 (año equivalente en términos electorales) y; ii) el periodo analizado deja por fuera los primeros meses del calendario electoral de las elecciones locales del 2023 (que empieza el 29 de octubre del 2022). Esto es relevante pues la mayoría de las agresiones contra lideresas del 2022 se presentaron en el marco del calendario de los comicios electorales de Congreso y Presidencia, situación que es probable se replique para las locales.
Más aún considerando que las lideresas políticas -principales participantes de los procesos electorales- han sido objeto de la mayoría de las agresiones registradas (55, el 61.1% del total), siendo la violencia en su contra la única que ha incrementado respecto del 2021.
El hecho violento más recurrente contra las lideresas es la amenaza (62), afectación que tiene una implicación diferencial en el caso de ellas, al incluir referencias a su condición de mujer y amagos contra sus seres cercanos.
Aunado a esto, las amenazas en su contra les trascienden, pues al dirigirse a su condición de género, se convierten en una medida de disuasión contra otras mujeres a participar en esos mismos espacios.
Seguido a las amenazas, los hechos de violencia contra la mujer en política se posicionaron como los más reiterativos del 2022 con un total de 14 registros, superando a los hechos de violencia letal (atentados y asesinatos).
Las 14 agresiones restantes corresponden a atentados (8), asesinatos (4) y secuestros (2), hechos de suma gravedad pues constituyen la materialización física de la violencia contra las lideresas.
De igual forma, se trata de afectaciones que, más allá de buscar ejercer una presión y desestimular el ejercicio de roles de liderazgos, tienen el objetivo de silenciar voces de forma definitiva y violar el derecho a la vida de las mujeres.
Violencia urbana y rural
Ahora bien, los hechos de violencia contra lideresas tuvieron lugar en 18 departamentos del país, siendo Bogotá (con 28 hechos), Cauca (15) y Antioquia (12) los territorios más afectados, concentrando el 58,9% de las agresiones.
En lo que va del 2022, Bogotá ha sido el escenario de 28 agresiones, todas ellas contra lideresas políticas. Esto representa un incremento de 86.7% en comparación con el 2021 cuando se registraron 15.
De igual forma, evidencia un cambio en el objetivo de la violencia pues en el 2021 las agresiones estuvieron dirigidas a los tres tipos de liderazgo. Una vez se analiza lo ocurrido en la ciudad en otros años, se identifica que para el 2018 y el 2019 -años electorales- la violencia también estuvo dirigida exclusivamente a las lideresas políticas, mientras que en el 2017 y 2020 se afectó al liderazgo político y social.
Por su parte, Cauca reunió el 16.7% de los hechos de violencia contra lideresas registrados a nivel nacional con un total de 15, 13 de ellos contra liderazgos sociales y 2 contra políticos. Lo anterior, significa un aumento de 36.4% y 85.7% en la violencia generalizada y en aquella dirigida a liderazgos sociales, respectivamente; frente al 2021 (en que tuvieron lugar 11 agresiones, 7 de ellas contra lideresas sociales).
Esa especial afectación al sector social no sorprende ya que 6 de las víctimas son lideresas indígenas y 5 afro, liderazgos étnicos ampliamente consolidados en un departamento donde la defensa del territorio constituye un obstáculo para los grupos armados ilegales y, por ende, un riesgo.
Finalmente, en Antioquia tuvieron lugar 10 hechos de violencia contra lideresas, entre ellos 2 atentados (el registro más alto a nivel departamental) y 1 secuestro.
En comparación con lo ocurrido en el 2021 cuando tuvieron lugar 3 agresiones, se percibe un incremento de 233.3% lo que lo convierte en el territorio con el mayor aumento de la violencia contra lideresas a nivel nacional.
Vale la pena destacar que el liderazgo político fue el más vulnerado con 8 agresiones registradas (6 de ellas dirigidas a Concejales), mientras que el año anterior solo fueron objeto de una.
La izquierda y las minorías
Por otro lado, 19 municipios de 12 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz – CITREP, fueron el escenario de 26 de los 90 hechos de violencia contra lideresas, en específico: 18 amenazas, 3 asesinatos, 3 atentados y 2 secuestros.
Las lideresas sociales fueron las segundas más afectadas al ser víctimas de 27 hechos de violencia (el 30% del total), entre ellos 3 atentados y 2 asesinatos; lo que significa una reducción de 56.5% en las agresiones respecto del 2021.
Si bien lo anterior parece un panorama alentador, puede ser resultado de un traslado del objetivo de la violencia hacia el sector político dado el contexto electoral del 2022. Una muestra de ello puede ser que, de las 22 amenazas dirigidas a estas lideresas, 12 se han dado debido a la política apoyada por las mismas considerada como de “izquierda” y la realización de campaña en favor de Gustavo Petro y Francia Márquez.
