Los recientes enfrentamientos entre hinchas de Junior y Nacional en Medellín son sólo la punta del iceberg de un problema arraigado que requiere soluciones integrales y contundentes.
La respuesta de las autoridades y los entes deportivos ante estos hechos ha sido, en el mejor de los casos, tibia y superficial. Las medidas anunciadas, como la prohibición temporal del ingreso de público visitante y el veto a las banderas o los llamados trapos, resultan insuficientes para abordar las causas profundas de la violencia en los estadios.
Es evidente que prevalece una lógica cortoplacista, centrada en apagar incendios momentáneos en lugar de construir soluciones a largo plazo. La prioridad parece ser salvaguardar la continuidad de los eventos deportivos y los intereses económicos que giran en torno a ellos, en detrimento de la seguridad y el bienestar de los aficionados.
La permisividad con la que se ha tratado el problema de la violencia en el fútbol ha generado un círculo vicioso. La falta de sanciones ejemplares ha enviado un mensaje equivocado a los grupos violentos, quienes se sienten cada vez más empoderados y dispuestos a desafiar la autoridad.
Es necesario cuestionar el modelo de gestión del fútbol colombiano, donde los intereses comerciales parecen prevalecer sobre los valores deportivos y sociales. Los clubes, las ligas y las federaciones deben asumir su responsabilidad y trabajar de manera conjunta para erradicar la violencia de los estadios.
Además, las sanciones no llegan desde instancias superiores, porque es Atlético Nacional el involucrado, son sus hinchas y este equipo es propiedad del conglomerado económico más poderoso del país que, además, es dueño de medios de comunicación y de los derechos de transmisión del Fútbol Profesional Colombiano. Intocables.
Si estos desmanes se presentan en otros estadios del país y con otros equipos, ya habría sanciones por parte de la Federación de Fútbol, de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, Dimayor y recriminaciones desde todos las esferas políticas y deportivas del país.
Asimismo, las autoridades gubernamentales deben fortalecer los mecanismos de control y vigilancia, así como implementar políticas públicas que promuevan la convivencia pacífica y el respeto por el rival. La educación y la prevención son fundamentales para cambiar las mentalidades y construir una cultura deportiva más sana. La violencia en el fútbol colombiano es un problema complejo que requiere una respuesta integral y multidisciplinaria.
Llegó la hora de dejar de lado los paños tibios y las soluciones superficiales para adoptar medidas contundentes que garanticen la seguridad de todos los asistentes a los estadios.
La sociedad, la hinchada decente del fútbol y todos los colombianos, en su conjunto, deben exigir un cambio de rumbo y demandar de las autoridades y de los actores del fútbol que cumplan con su responsabilidad y potencien la vida por encima del dinero.
