El grito de auxilio del representante Óscar Campo, al afirmar que “el Estado de Derecho en el Cauca está en cuidados intensivos”, resuena con una verdad escalofriante y urgente. No es una frase retórica; es el reflejo de una realidad que ahoga a una región asediada por la violencia, la ausencia de inversión y el olvido institucional. La decisión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de convocar a un debate de control político es un paso necesario, pero su valor reside en las respuestas, no en la simple puesta en escena.
Es innegable que la crisis en el Cauca es multifacética y va mucho más allá de la simple confrontación armada. La petición de citar no solo a las cabezas de las carteras de Defensa y Paz, sino también a la directora del DNP y al registrador nacional, demuestra que la solución no se encuentra únicamente en una respuesta militar. El problema es sistémico. Es un entramado de control territorial por parte de grupos armados, de falta de garantías para la vida y la movilidad, y de un Estado que parece haberse replegado, dejando a su población a merced de la ilegalidad. La pregunta de Campo, “¿quién le garantiza a una madre que su hijo no va a ser reclutado?”, es un cuestionamiento directo a la esencia misma del deber del Estado: proteger a sus ciudadanos.
Además del desangre de la violencia, la columna vertebral del desarrollo regional está fracturada. La falta de ejecución de los Pactos Territoriales en Cauca y Nariño, que fueron presentados como la gran apuesta para el desarrollo y la “Paz Total”, no solo es un incumplimiento de promesas, sino una traición a la esperanza de sus comunidades. Estos pactos no eran simples convenios; eran la luz al final del túnel para un territorio que necesita inversión, oportunidades y una verdadera alternativa a la economía ilícita.
El llamado a los altos funcionarios del Gobierno debe ser un examen profundo y sin excusas. Es el momento de que el ministro de Defensa, el alto comisionado para la Paz y el registrador nacional expliquen qué están haciendo para restaurar la seguridad y garantizar las elecciones. Es el momento de que los directores de DNP y Hacienda muestren los resultados de la inversión, y no solo planes sobre papel.
El Cauca necesita acciones, no discursos. Necesita que el Estado de Derecho salga de cuidados intensivos, que la institucionalidad se levante y que los ciudadanos recuperen su derecho a una vida digna, libre de miedo y de control por parte de grupos armados. La mirada de la nación debe estar puesta en el suroccidente del país. No se puede hablar de “Paz Total” mientras una parte de Colombia se desmorona en el abandono y la violencia.
