La proliferación de partidos políticos en Colombia está llevando a la destrucción de la democracia, porque ninguna de estas organizaciones es capaz de responder por la suerte del país.
Veintiocho partidos políticos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral se convirtieron en un negocio, en oficinas de recaudo de los subsidios electorales que debe pagar el estado colombiano por cada voto consignado en las urnas, y nada más.
Cuando la actividad política estaba enmarcada en una filosofía y en una doctrina, que establecía la diferencia entre liberales, conservadores y comunistas, había una clase dirigente que enarbolaba sus banderas y ejecutaba un programa de gobierno.
Durante dieciséis (16) años estuvo vigente el denominado ‘Frente Nacional’ que implicaba una participación democrática en las diferentes ramas del poder público, asignándole al segundo partido político en las elecciones presidenciales, la función de la fiscalización y el control del gasto público.
Cuando la clase dirigente de Colombia quiso regresar al libre juego democrático, en el año de 1974, después del gobierno del expresidente Misael Pastrana Borrero, se estableció la carrera administrativa para garantizar la estabilidad de los empleados públicos y se determinó que las personas de mayor ilustración accederían a los cargos de la rama judicial. El desmonte del ‘Frente Nacional’ se realizó gradualmente durante las administraciones de Alfonso López Michelsen (1974 – 1978), Julio César Turbay Ayala (1978 – 1982) y Belisario Betancur Cuartas (1982 -1986).
El denominado ‘Pacto Histórico’ que se inventaron los grupos alternativos en la campaña del presidente Gustavo Petro Urrego, tendrá dificultades para consolidarse en el tiempo, por tratarse de una organización anárquica y amorfa, donde lo único que los mantiene organizados y unidos son las expectativas de unas cuotas burocráticas.
En esa organización habrá permanentes confrontaciones porque no estaban preparados para la administración del país y para el manejo del poder.
La prueba de fuego de los veintiocho (28) partidos políticos que ahora tienen licencia para expedir avales a los cargos de elección popular, a las gobernaciones, las alcaldías, las asambleas departamentales, los concejos municipales y las juntas administradoras locales en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Tunja, Valledupar y Barrancabermeja, deberán enfrentarse a una nueva realidad electoral
La cual está centrada en que las obras públicas no le importan a los partidos alternativos, que se dedican solamente a difamar a sus contradictores, contra altos funcionarios y contra los jefes de los partidos históricos, porque esos líderes de los partidos políticos alternativos no tienen un bagaje histórico, ni asumen una responsabilidad frente al país. Han cambiado el mapa político de Colombia y han cambiado la conposición política del parlamento.
Sobras decir que hay drogadictos en el Senado y la cámara de Representantes, como cuotas de la denominada ‘Primera Línea’ que intentó destruir a la nación durante el paro nacional indefinido del año 2021.
Los cargos en la diplomacia colombiana se los repartieron los nuevos amos del poder, con el nombramiento de embajadores y cónsules, muchos de ellos, drogadictos y exguerrilleros, que no reúnen las condiciones académicas para intervenir en foros internacionales.
Es una vergüenza para el país la designación de un drogadicto como embajador de Colombia en México. Es igualmente vergonzoso que en el recinto de la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, tengamos una embajadora que no conoce su oficio y cuyo único mérito es representar a los pueblos indígenas de nuestro país.
