La política de Petro en materia de narcotráfico fracasó y, en lugar de reconocer su error, huye hacia adelante.
El MinDefensa reportó una disminución del 66% en la erradicación de coca hasta septiembre de este año. Van apenas 4.504 hectáreas. No se cumplirá la ya ínfima meta de 10.000 que se había fijado el gobierno para 2024, después de que el año pasado se desplomara a 20.323, menos de una tercera parte de las 68.893 erradicas en 2022.
El viernes se conocía, con varios meses de retraso, el resumen ejecutivo del informe del sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de Naciones Unidas. Muestra que los de coca se incrementaron 10%, de 230.000 hectáreas en 2022 a terminar el 2023 con 253.000. Peores son las cifras de producción de cocaína. Crecieron un 53% hasta alcanzar 2.664 toneladas, de lejos la cifra más alta de la historia.
Cuando se esperaba una reacción oficial del gobierno sobre el fracaso de su política (o de la ausencia de ella), Petro anunció que el gobierno comprará la cosecha de coca del Micay, en el Cauca.
Es indispensable hacer algunas aclaraciones. No es verdad que lo que se hizo antes en materia de lucha contra el narcotráfico fuera un fracaso, como sostienen muchos sin atenerse a los hechos. En realidad, fue un éxito. El primer informe del Simci, de 2001, mostraba 137.000 h de coca. Para 2013, antes de la firma del componente de narcotráfico con las Farc, solo se reportaban 48.000 h, un 65% menos, y la producción de cocaína había disminuido a 290 ton. Colombia, para ese año, dejó de ser el país con más coca del mundo. El desastre ha venido después, primero por cuenta del “nuevo paradigma” acordado con las Farc que, además, estableció unos incentivos perversos para la siembra y, después, la debacle, con Petro, que no solo renunció a luchar contra el narcotráfico sino que toma una y otra vez decisiones que favorecen a los mafiosos.
Los que defienden al gobierno dicen que hace bien en concentrarse en las incautaciones y que estás han crecido. Según el MinDefensa, aumentaron de 659 t en 2022 a 746 el año pasado. Pero hay dos problemas. Uno, grave, la ausencia de certeza en la cifra. Hay declaraciones de los entonces comandantes de la Armada y de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía donde reconocen que están sumando incautaciones hechas fuera de territorio colombiano y por autoridades de otros países cuando, según ellos, fueron resultado de información entregada por la Fuerza Pública colombiana. Dos, que aunque las incautaciones aumenten, crece mucho más la producción de cocaína. Para ponerlo en perspectiva, las incautaciones crecieron en 87 t y la cocaína producida sumó 738 t adicionales, 8,5 veces más. Si fuera cierta la cifra de MinDefensa, las incautaciones crecen un 13% mientras que la producción de cocaína aumenta un 53%. De hecho, hoy se incauta proporcionalmente mucha menos cocaína que antes. El desastre está a la vista.
La solución, por supuesto, no es adquirir la coca de Micay. Para empezar, porque tal cosa solo constituye otro incentivo perverso para la siembra: asegura un comprador confiable, el gobierno. Después, porque al comprar la coca de Micay el gobierno, para no favorecer arbitrariamente solo a unos, tendría que comprar también la del resto del Cauca, Nariño, Putumayo, el Catatumbo., etc. Plata, además, no hay, según las cuentas fiscales y el propio gobierno. Ni hay rubro presupuestal tampoco, por cierto. Finalmente, porque la propuesta es jurídicamente inviable. Hoy la compra de coca es un delito. La siembra de coca solo es lícita en algunos resguardos como parte de la identidad de ciertas poblaciones indígenas, según la Corte Constitucional. Además, la hoja de coca está en la lista de sustancias sujetas a fiscalización internacional y Colombia está obligada a cumplir la Convención de Viena de 1961. Puede ser que a Petro no le guste ese tratado, pero está vigente y hay que cumplirlo. Por cierto, aunque lo anunció, Colombia no elevó a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas su deseo de que la hoja de coca fuera retirada de esa lista ni tampoco presentó al Congreso su idea de “regular los usos alternativos de las plantas de coca”. Solo pidió facultades extraordinarias para legislar a su antojo y se las negaron.
A la par que las acciones de Petro sobre narcotráfico no solo naufragan sino que fortalecen el negocio, los mafiosos hacen fiesta. En buena parte por los ingresos de su relación simbiótica con el narcotráfico, los grupos violentos se expanden a lo largo y ancho del territorio. Cada decisión gubernamental que fortalece a los violentos, alimenta al narco. Cada política que favorece al narco, robustece a los violentos. En las zonas de enclave y sus alrededores, 15 en todo el país, la soberanía es una ficción. Están en manos de los ilegales. También por eso fracasa la “paz total”. No habrá regalos gubernamentales, impunidades y beneficios políticos, económicos y judiciales para los bandidos que sean suficientes.
Y mientras tanto, seguirán creciendo los terribles impactos del narcotráfico en el medio ambiente y la salud pública y las graves distorsiones que genera en la economía, y seguirá profundizándose el derrumbe ético de muchos sectores de la sociedad colombiana. La idea del dinero fácil y rápido, aunque se viole la ley, prevalece en muchos. Los únicos que ganan son los criminales y algunos otros que, como Nicolás y Juan Fernando, hacen negocios con ellos.
