El artículo destaca la corrupción dentro del poder político en el país, señalando cómo el presidente influye en instituciones clave y el Congreso, donde la aprobación de leyes se transa como mercancía. Denuncia congresistas corruptos que priorizan beneficios personales sobre el bienestar nacional.
En medio de la turbulencia creada por la pavorosa corrupción que azota al país y que ha permeado las arenas movedizas de la actividad política, aparece la mano larga del poder presidencial colocando fichas en la Corte Constitucional, en la Defensoría del Pueblo, en la Procuraduría General de la Nación y en todas las decisiones del Congreso de la República, donde la aprobación de las leyes que propone el gobierno se compra como una mercancía, con recursos del presupuesto de la nación.
Algunos parlamentarios de la bancada costeña encabezados por el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, acapara contratos y monopoliza expedientes, para colocarle un alto precio a los votos de sus colegas de bancada, que mantienen una conducta laxa, a la espera de que sean llamados a participar de los mendrugos de pan que caen de la mesa del príncipe. Para esa clase de congresistas no existen valores morales sino negocios millonarios, donde el pago de coimas es el común denominador en la contratación oficial.
En el Palacio de Nariño, residencia del presidente de la República, han visto desfilar de manera vergonzosa a congresistas conservadores de la Costa Atlántica y del departamento de Antioquia, que siguen las orientaciones de un exalcalde de Itaguí, que sabe dónde ponen las garzas y que tiene poderosas ambiciones económicas. Para esos personajes, el voto de los congresistas para aprobar proyectos de ley que destrozan el futuro de esta nación, poco les importa, porque para ellos la actividad política es un negocio y no un servicio a la nación.
¿Qué puede esperar este país de algunos parlamentarios corrompidos que cambian de criterio y de opinión como cambiarse de ropa, a la hora de elegir un magistrado de la Corte Constitucional? Que respeto le pueden merecer al país unos congresistas que venden en cuatro mil millones de pesos una ley que destruye la salud en Colombia. Que pueden esperar las nuevas generaciones cuando estudian los valores de la ética y de la moral, que constituyen los pilares de la personalidad.
Por estos días se preparan los costosos viajes parlamentarios a diferentes países del mundo, aprovechando el receso en las actividades del Congreso de la República. Algunos de ellos ya recibieron la aprobación y les entregaron los pasajes aéreos, además de los viáticos, para viajar en la primera clase, como personas impecables e impolutas, llenas de sabiduría, cuando muchos de ellos son unos pobres diablos, que fueron guerrilleros y enemigos de la patria, para pelechar en las alforjas del presupuesto nacional.
Lo que si es de resaltar que para nadie es oculto que a pesar del abandono de que le tienen al departamento del Cauca en este juego de los Políticos jugamos una clara muestra de lo que se avecina donde, ahora si se acuerdan de las regiones que las han tenido a un lado, es el momento de mostrar independencia y seamos claros con aquellos que estarán en la búsqueda de votos para las elecciones del Congreso que serán importantes para las presidenciales
Es de resaltar que observamos un Congreso de la República desprestigiado, donde vendieron el alma al diablo para conseguir la aprobación de la reforma de la salud, de la reforma pensional, de la reforma educativa y de la reforma judicial, es el espejo de la decadencia moral a que ha llegado la rama legislativa del poder público. El escándalo suscitado esta semana en el Senado de la República durante la elección de un magistrado de la Corte Constitucional tiene graves implicaciones de carácter moral y político, como nunca se había conocido en la historia de esta nación.
