La Contraloría General de la República (CGR) emitió una nueva alerta sobre la situación del sector minero–energético en Colombia debido a la no firma de nuevos contratos del exploración y explotación de petróleo y gas, lo cual según la entidad podría llevar al país a un riesgo de desabastecimiento de hidrocarburos.
Con lo anterior, solicitó al Gobierno tomar las medidas necesarias para evitar un racionamiento de energía en el país debido a las bajas reservas que para el petróleo equivalen a siete años y para el gas se tienen contabilizadas hasta por seis años.
Por lo tanto, el Contralor General convocará al ministro de Minas y Energía, al ministro de Hacienda, solicitará la presencia de la Procuraduría General de la Nación y de los Gremios del sector minero – energético, para realizar mesas de trabajo, con el fin de contribuir a que las partes puedan solucionar los problemas indicados en beneficio de la ciudadanía y los recursos públicos.
A su vez, la alerta también se emitió por la situación que presentan las empresas de energía en Colombia, debido a las cuantiosas deudas que tienen las compañías al no haber obtenido el pago de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, junto con la opción tarifaria y las deudas de las entidades oficiales como colegios, universidades, acueductos, cárceles, entre otros.
“Esto, a juicio de la Contraloría, puede generar no solo riesgos para el patrimonio del Estado, sino que además afectaría a muchas de las empresas de servicios públicos que son propiedad o tienen participación estatal. También advierte la Contraloría sobre el riesgo de que los usuarios con menos recursos en estratos 1, 2 y 3, puedan ver incrementados los costos de las facturas sino se giran los recursos y pagos por parte del gobierno correspondientes a subsidios y opción tarifaria”, señaló la Contraloría.
Con esto, destaca graves deficiencias en los esquemas de subsidios destinados a tarifas de electricidad, gas combustible por redes y gas en cilindros (Gas Licuado de Petróleo -GLP). Tales fallas comprometen los objetivos de calidad, acceso equitativo y sostenibilidad financiera de los programas, además de poner en riesgo la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
“El Gobierno Nacional debía girar a través del Presupuesto General de la Nación (PGN) $2,7 billones para energía eléctrica, $3,3 billones por opción tarifaria y un billón por deuda de usuarios oficiales y en lo que compete a gas $628 mil millones para gas natural al cierre de 2024, es decir, más de $7 billones, lo que preocupa aún más si se incluyen los costos de las intervenciones a empresas realizadas recientemente”, agregó la entidad.
Según las cifras entregadas, este monto representa anualmente el 60% de los recursos necesarios y sigue aumentando cada trimestre, situación que reduce la liquidez de las empresas, amenaza con el desmonte de subsidios y podría traducirse en un alza de tarifas que afectaría a los hogares más vulnerables.
Por ejemplo, una familia que paga $30.000 por servicio de gas, sin el subsidio tendría que cancelar por el mismo servicio un valor cercano a los $58.000.
“Para la Contraloría, cubrir estas deudas debe ser una prioridad para garantizar el acceso al servicio de las familias de ingresos bajos. Y aunque se trata de una inversión en el Presupuesto General de la Nación (PGN), este gasto debe considerarse una obligación corriente que requiere atención anual”, puntualizó.
