La reciente admisión por parte del Consejo de Estado de la demanda de nulidad contra el Decreto 1190 de 2025 marca un hito en la defensa de la separación de poderes en Colombia. Bajo el ropaje de un “Comité de Expertos para el esclarecimiento”, el Gobierno de Gustavo Petro ha pretendido erigir una suerte de tribunal histórico ad hoc, cuya misión real parece ser la de redimir a quienes, bajo el pretexto de la protesta, cruzaron la línea hacia la delincuencia.
El asalto a la independencia judicial
El decreto en cuestión es una afrenta directa a las competencias del Congreso y de la Rama Judicial. Al pretender crear una instancia administrativa que “analice estructuralmente” la respuesta del Estado al estallido social, el Ejecutivo intenta instrumentalizar la verdad. No se busca justicia, se busca un relato oficial que victimice al victimario y estigmatice a la Fuerza Pública que cumplió con su deber constitucional.
¿Justicia o Impunidad?
La gran preocupación ciudadana radica en la posible parálisis o desvío de las investigaciones penales. Si bien un decreto no puede borrar un delito tipificado en el Código Penal, la creación de estos comités busca generar un ambiente de “no criminalización” que termine por asfixiar las denuncias legítimas contra los responsables de vandalismo, bloqueos y agresiones.
“La verdad es un patrimonio colectivo que surge del acervo probatorio en los estrados, no de una oficina de expertos nombrados a dedo por el gobernante de turno.”
El camino de la nulidad
La justicia administrativa tiene ahora la carga de proteger la institucionalidad. Declarar la nulidad del Decreto 1190 es necesario para evitar que el Estado se convierta en juez y parte de una historia que aún duele. La reactivación plena de la confianza en las instituciones depende de que las denuncias sigan su curso sin interferencias ideológicas disfrazadas de “derechos humanos”
