El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha ordenado a las fuerzas de la ley “disparar a matar” a aquellas personas que violen los requisitos de la estricta cuarentena por la pandemia de Covid-19.
“No dudo. Mis órdenes son para la policía y el ejército, si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar”, aseveró anoche el mandatario en un discurso televisado.
“Muerto. A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba”, amenazó Duterte el mismo día en el que una veintena de personas de la barriada de San Roque, en Manila, protestaron sin permiso ante la policía para exigir ayuda oficial para salir adelante.
El cierre de gran parte del país, incluido Manila, y las estrictas normas de cuarentena y confinamiento han impedido que millones de personas que subsisten día a día en los barrios más pobres de la capital encuentren cómo ganarse la vida.
Duterte acusó a grupos civiles de izquierda de instigar la protesta: “Izquierdistas, ustedes no son el gobierno. No anden por ahí causando problemas y disturbios porque ordenaré su detención hasta que finalice el brote”.
El presidente obtuvo la semana pasada “poderes especiales” del Congreso para lidiar con la pandemia en una ley que incluye la provisión de 200,000 millones de pesos (4,000 millones de dólares) para repartir entre 18 millones de hogares desfavorecidos del país, donde el 16 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza.
Sin embargo, la ayuda está bloqueada porque el gobierno todavía elabora “una base de datos consolidada” de los beneficiarios.
“Solo espere la entrega incluso si se retrasa, llegará y no pasará hambre. No morirá de hambre”, señaló Duterte.
Defensores de derechos humanos y grupos civiles han denunciado este jueves las palabras del presidente, que se regaron rápidamente por las redes sociales, donde la etiqueta #OustDuterte (expulsar a Duterte) es tendencia desde anoche.
“Estamos seriamente alarmados de que las palabras del presidente, que se traducirán en formas peores y más brutales de violaciones de los derechos humanos, represión y violencia estatal en los próximos días”, lamentó la organización de derechos humanos Karapatan.
El grupo estudiantil CEGP indicó que “no se puede esperar que la gente permanezca en silencio si sus estómagos se revuelven” y advirtió al gobierno que “no deben aferrarse a planes fascistas y militaristas contra una nación azotada por el hambre y en enojo contra un régimen incompetente”.
La semana pasada Human Rights Watch (HRW) denunció que personas confinadas en jaulas de perros o castigadas a permanecer a pleno sol durante horas son algunos de los castigos que las autoridades de Filipinas han impuesto a los que violan la cuarentena.
“La policía y los funcionarios locales deben respetar los derechos de las personas arrestadas por violar el toque de queda y otras regulaciones de salud pública”, advirtió en un comunicado el subdirector de HRW para Asia, Phil Robertson.
Robertson señaló que cualquier tipo de maltrato debe investigarse de inmediato y que las autoridades responsables deben rendir cuentas y ser sancionadas o procesadas.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, impuso el cierre y cuarentena estricta en la isla de Luzón -la mayor del país donde se encuentra Manila- el pasado 16 de marzo y desde entonces la policía ha arrestado a cientos de personas.
Las autoridades locales de la ciudad de Santa Cruz, provincia de Laguna, al sur de Manila, admitieron haber encerrado toda una noche a cinco jóvenes en una jaula el 20 de marzo, acorralados por perros callejeros, por “haber violado el toque de queda y agredirles verbalmente”.
