Este miércoles, el oficial en retiro fue afectado con medida no privativa de la libertad, y seguirá vinculado al proceso como posible cómplice de los delitos de homicidio agravado con fines terroristas y tentativa de homicidio.
La Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica del general en retiro Carlos Enrique Rodríguez González, investigado por su presunta participación en hechos relacionados con el homicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento.
Cabe recordar que durante el magnicidio del líder político santandereano también fallecieron el concejal de Soacha (Cundinamarca) Julio Cesar Peñaloza Sánchez y del escolta Santiago Cuervo Jiménez; además también resultó con heridas el señor Pedro Nel Angulo Bonilla, el 18 de agosto de 1989, en Soacha (Cundinamarca), cuyas familias fungen como víctima dentro del proceso penal en el que se investiga al oficial en retiro Rodríguez González.
La decisión de mantenerlo vinculado al proceso en calidad de investigado la tomó durante una audiencia una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, agente de la justicia que determinó que el oficial en retiro deberá cumplir medida no privativa de la libertad, que contempla atender todos los llamados judiciales, observar buena conducta, prohibición para salir del país y el pago de una caución equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En ese sentido, el procesado seguirá vinculado como posible cómplice de los delitos de homicidio agravado con fines terroristas y tentativa de homicidio.
De acuerdo con el material de prueba obtenido, el general en retiro, quien para la época de los hechos era teniente de la DIJIN de la Policía Nacional, se habría concertado con algunos de sus superiores para intentar desviar la investigación por el magnicidio.
Es así como el 22 de agosto de 1989, lideró un operativo en el que fueron capturadas varias personas señaladas de participar en el crimen, las cuales posteriormente fueron declaradas inocentes e indemnizadas por el Estado.
Este proceso se sigue dentro de los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), luego de que hace un año, en febrero de 2021, el representante de la fiscalía decidió revocar un fallo de primera instancia que ordenó el archivo de la investigación contra los entonces teniente Carlos Enrique Rodríguez González y el mayor José Fernando Calvache Reyes, también vinculado al caso en calidad de investigado.
Por este crimen, ya fue condenado el entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Maza Márquez, quien en la actualidad paga una condena emitida por la Corte Suprema de Justicia a 30 años de cárcel.
A la memoria de los inocentes
Entre los capturados por el entonces teniente Rodríguez González está el barranquillero Alberto Júbiz Hazbún, quien fue detenido cuatro días después del magnicidio de Luis Carlos Galán en una oficina del centro de Bogotá junto a otras cuatro personas, señaladas falsamente por el asesinado del líder liberal, y acusados de pertenecer a un comando armado dirigido por el mercenario israelí Yair Klein.
El 5 de mayo de 1993 Júbiz quedó libre y después instauró una demanda contra el Estado por más de $5.000 millones. Murió por un infarto en 1998, en momentos en que había sido llamado a una conciliación.
En el 2015, el Estado les pidió perdón por la injusticia y aberrante detención de Alberto. La Policía pago su parte, el 10 % de la sanción económica, pero la Fiscalía a la fecha sigue en deuda.
