Acusado de pertenecer al ‘Cartel de la Toga’. Pendiente sentencia contra Leonidas Bustos, que se encuentra prófugo en Canadá; Francisco Javier Ricaurte Gómez, condenado a 19 años y Camilo Humberto Cantillo, otro integrante de la mafia
La vergonzosa conducta de varios exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, responsables de recibir cuantiosos sobornos a cambio de boletas y órdenes de libertad a favor de personajes aforados que mantienen cuentas con la justicia, ha conducido a órdenes de captura, investigaciones y sentencias condenatorias contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, condenado este viernes a varios años de prisión intramural, como miembro de una mafia de abogados que recibía cuantiosas sumas de dinero de varios congresistas y un exgobernador del departamento de Córdoba, en el llamado ‘ Cartel de la Toga’, proceso que involucra también a los ex magistrados Leonidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y Gustavo Malo Fernández.
El exmagistrado, Camilo Tarquino, quien hizo parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, habría movido sus influencias dentro del alto tribunal para que se torcieran procesos para favorecer así a aforados constitucionales de los que ya había recibido altas sumas de dinero. Tras más de cuatro años de juicio, un juez de conocimiento de Bogotá produjo sentencia condenatoria contra Tarquino por los delitos de concusión como interviniente y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública en calidad de autor.
En la decisión judicial se manifestó que, ya fuera del alto tribunal y como abogado litigante, Tarquino habría buscado contactos y exigido sumas de dinero por intervenir y evitar decisiones judiciales.
Uno de sus principales “clientes” fue el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, a quien le pidió un millonario soborno para desviar las investigaciones que se adelantaban en su contra por actos de corrupción y el denominado Cartel de la Hemofilia.
En el proceso penal se concluyó que, en 2014, el exmagistrado se reunió con delegados de Lyons Muskus para adelantar los trámites y así desviar el proceso. Para eso solicitó 60 millones de pesos con el fin tener acercamientos con personas que podrían conocer detalles sobre los asuntos por los que era investigado y así evitar que el proceso siguiera. Una fuente cercana a este proceso indicó que, incluso, el alto tribunal tenía todo listo para emitir una orden de captura en contra del exgobernador, debido al abundante material probatorio que existía en su contra por estos hechos de corrupción que desfalcaron al departamento.
Es necesario mencionar que la declaración ante las autoridades del exgobernador fueron las que abrieron el escándalo del Cartel de la Toga, señalando que recibió presiones del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera –quien después fue nombrado como jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General– y el abogado penalista Leonardo Pinilla, conocido como “El Porcino”.
En un acuerdo de colaboración, Lyons grabó a Moreno Rivera y Pinilla en el aeropuerto de Miami (Estados Unidos) cuando les entregaba un soborno para frenar las acciones penales en su contra. Esto llevó a la captura del fiscal anticorrupción y el jurista el primero de julio de 2017. Tras un preacuerdo, Moreno entregó información sobre varios magistrados que estarían inmersos en una red de corrupción, entre ellos Leonidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y Gustavo Malo Fernández
